Al acecho del fraude y las irregularidades
Cada año la comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara examina más de 10.000 páginas de informes y documentos para garantizar que los fondos europeos se utilizan correctamente
Compartir
  Al acecho del fraude y las irregularidades

Aunque no tiene relación directa con la Eurocámara, la condena este año en Luxemburgo de dos ex trabajadores de la consultora PwC por robar documentos, revelar secretos empresariales y violar secretos comerciales ha puesto de manifiesto la debilidad en que se encuentran los denunciantes que se atreven a filtrar escándalos como el Luxleaks, que permitió destapar la existencia de centenares de acuerdos secretos entre multinacionales y el gobierno luxemburgués para eludir impuestos. El Parlamento Europeo considera que ha llegado la hora de actuar y crear un marco especial para proteger a los denunciantes en la Unión Europea.

“Puede que dispongamos de reglas equilibradas para proteger a quienes denuncian en el seno de las instituciones europeas pero a nivel nacional los periodistas de investigación o los ciudadanos afectados se arriesgan a ser perseguidos por la justicia”, opina el eurodiputado holandés, Dennis de Jong , miembro de la comisión de control presupuestario de la Eurocámara y ponente de un informe aprobado a comienzos de este año en el que piden precisamente la creación de “un programa europeo eficaz y completo para proteger a los informadores”.

Una demanda que logró una inusitada mayoría durante la votación en el pleno –obtuvo 607 a favor, 16 en contra y 70 abstenciones- y que en la Eurocámara consideran clave para recuperar la confianza de los ciudadanos sobre las instituciones. El texto pide la creación de un órgano europeo independiente, con oficinas en los Estados miembros para ayudar cuando alguien lance la voz de alarma sobre posibles irregularidades, una mejora de los sistemas internos en las instituciones europeas, con una oficina única con expertos capaces de garantizar cómo tratar la información de los denunciantes, y una unidad temporal de apoyo dentro de la Eurocámara con una estructura específica que canalice las potenciales denuncias.

Denuncias de irregularidades

Aunque los reglamentos internos obligan a todos los eurofuncionarios a informar de irregularidades en la práctica, a juicio de la presidenta de la comisión de control presupuestario, deja mucho que desear. “Hay muy pocos denunciantes. No se si es porque el mecanismo de protección que tenemos no es suficiente o por qué. Lo que vemos es que los informadores se enfrentan a muchos problemas. Los instrumentos están ahí. Pero a los denunciantes que conozco la vida se les ha arruinado completamente. Es muy delicado y todavía tenemos casos famosos diez y quince años después. Gente que ha tenido que aceptar la jubilación anticipada, que han roto hasta sus parejas”, explica la conservadora alemana Ingeborg Grässle quien tras dos legislaturas a sus espaldas en el Parlamento y en esta comisión la dirige ahora con mano firme.

Viktor Orban, primer ministro de Hungría, habla en el Parlamento Europeo el pasado 26 de abril.

Viktor Orban, primer ministro de Hungría, habla en el Parlamento Europeo el pasado 26 de abril. (APF / EMMANUEL DUNAND)

“Recibo un número impresionante de cartas anónimas. Intento seguir todos los casos, pero hay que ser muy cuidadoso porque en muchos países las acusaciones de corrupción son un arma política y hay todo tipo de trolls en internet haciendo acusaciones”, añade. La eurodiputada socialista Inés Ayala , miembro de la comisión de control presupuestario también durante las dos últimas legislaturas, comparte la necesidad de establecer un proceso bien enmarcado porque “hay denuncias que pueden ser bien intencionadas” pero también otras “muy mal intencionadas”. De momento, la Comisión Europea ha respondido lanzando una consulta pública –abierta hasta el 29 de mayo- sobre cómo proteger mejor a aquellos que filtran información sensible.

Patada a la comisión Santer

La Cocobu, como conocen familiarmente los trabajadores de la casa a la comisión de control presupuestario, está lejos de ser la policía del control presupuestario y el antifraude que a muchos les gustaría. “No diría tanto no, pero en lo que hemos sido útiles es en ayudar a desarrollar, homogeneizar y compartir buenas prácticas de auditorías”, destaca Ayala. Lo cierto es que a esta comisión la fama le precede. En 1999, la Comisión Europea presidida por el luxemburgués Jacques Santer se vio obligada a dimitir precisamente a raíz de las pesquisas de las Cocobu que fue quien destapó la existencia de determinadas irregularidades en la concesión de contratos a empresas externas por parte del Ejecutivo comunitario.

Un año antes la Eurocámara se negó a aprobar la gestión presupuestaria de la Comisión. Varios comisarios, especialmente la francesa Edith Cresson, fueron acusados de malversación de fondos públicos y el escándalo terminó con la dimisión en bloque de todo el colegio de comisarios. Fue la primera vez en la que la Eurocámara demostró realmente su enorme poder político y el motivo de la creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) como un organismo independiente responsable de velar por los intereses financieros de la unión.

Un órgano, a juicio de la eurodiputada socialista, con limitaciones y complicado y de ahí dice, la necesidad de crear una fiscalía pública europea que algunos Estados miembros –aunque con importantes bajas- ya han acordado poner en marcha. “Pero como hay países que no estarán en la fiscalía va a tener que seguir existiendo”, explica sobre una oficina inmersa en una batalla política permanente por ver quien vigila al vigilante.

Descarga del presupuesto

Más allá de las relaciones con la OLAF y la lucha contra el fraude, la Cocobu es responsable cada año de evaluar la manera en la que las instituciones europeas gestionan y gastan el presupuesto comunitario. Cada año, en el mes de abril, el Parlamento vota la descarga del presupuesto de la Comisión, de otras instituciones de la UE como el Comité de las regiones o el Tribunal de Justicia y de sus agencias reguladoras. Y lo hace con la ayuda del Tribunal de Cuentas que cada año audita los ingresos y gastos de la UE, supervisa a quienes manejan los fondos europeos, y elabora informes anuales y también temáticos que posteriormente examina la Cocobu.

Desde el año 2009, cuando Javier Solana era el responsable de la política exterior europea, la Eurocámara no ha aprobado la descarga del Consejo ni una sola vez porque su secretario general se negó a aquel año a remitir la información requerida. Desde entonces, la gestión de la institución que representa a los gobiernos no ha superado la prueba del algodón. “Le exigimos que viniera a auditarse y dijo que no. Desde entonces no se ha aprobado. Pero no tiene ningún impacto. Es la irrelevancia del ejercicio”, replica con tono crítico Ayala que se queja también de otras obsesiones entre algunos miembros de su comisión como que los países del sur son corruptos y los del norte un dechado de virtudes.

Grässle admite que la situación en cuanto a la ejecución presupuestaria ha mejorado mucho y que los errores y problemas se han reducido y concentran especialmente en los países de la ampliación del 2004 como Bulgaria o Rumanía pero asegura que otros países siguen registrando tasas de irregularidades importantes en algunos programas como España. Para evaluar la situación organizan cada año cuatro visitas sobre el terreno. El país que más han visitado, dice, ha sido Grecia pero también a Italia, a donde han ido cuatro veces desde hace 13 años, y a España. “Elegimos dependiendo los problemas. Por ejemplo fuimos a Alemania a sugerencia de un miembro español pero nunca hemos ido a Reino Unido”, dice con una nota de lamento.