Ni una sola de las medidas económicas que se han tomado ha mejorado las condiciones de vida de los ciudadanos. Todas han ido en beneficio y ayuda de las grandes corporaciones bancarias y todas proponen un ajuste al trabajador, mermando su capacidad económica y empobreciéndole día a día. En cambio, ellos, los que gobiernan, los que hemos elegido en las urnas, nos ignoran, destruyen la sanidad y la enseñanza públicas, y amplían la brecha entre los que más tienen y los que, simplemente, sobreviven. Propongo que, una vez elegidos, los políticos no podrán utilizar la sanidad o la enseñanza privadas; deberán utilizar los servicios públicos, sin distinción ni preferencias, ellos y sus familiares directos. Así tendrán una imagen real de lo que ocurre y quizá se lo piensen a la hora de hacer según que recortes. Los políticos se rebajarán el sueldo en la misma medida que propongan a los trabajadores y tendrán derecho a pensión de jubilación cotizando los mismos años que el resto de la población. Asimismo, reducirán las dietas al mínimo; nada de hoteles de lujo en los viajes a Madrid, y, por supuesto, se ha acabado viajar en primera clase. Hay que suprimir las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y fundaciones afines. Son imprescindibles, en cambio, las auditorías al final de los mandatos, así como la lucha seria y rigurosa contra el fraude fiscal. También instituiría un impuesto para las transacciones bancarias especulativas y, claro, listas abiertas en las elecciones.
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