Trabajo, nómina y pensión eran las tres joyas de la vida hasta que llegó la crisis. Ahora son tres sueños que seis millones de españoles no encuentran. Es la aspiración ciudadana del mínimo bienestar: trabajar, cobrar y cotizar. Todo lo que lo sobrepasa es un lujo y una injusticia cuando se juntan dos o más salarios a costa de los bienes públicos, escasos y sometidos a rescate. La primera obligación del gobernante debería ser la administración de la riqueza nacional compartida, en función del trabajo bien hecho y no del simple cargo. La acumulación de remuneraciones escandalosas es una irracionalidad social inadmisible. Si la jornada estándar de ocho horas laborales corresponde a un salario completo y digno, ¿cómo podemos adjudicar más de una nómina al mismo tiempo? No cobramos por los títulos honoríficos, sino por dedicación y eficiencia. Toda desproporcionalidad esperpéntica entre salario y trabajo es imperdonable en momentos de extrema gravedad económica. Las migajas de esos 400 euros recuerdan al racionamiento y las cartillas alimentarias de la posguerra. ¿Cuándo veremos fluir el crédito bancario para dar alas al resurgimiento? Los mandatarios políticos cierran los ojos en medio de una parafernalia institucional de cargos y miles de asesorías inútiles. Cada pensión que entra en un hogar es la mejor bendición de mesa para un tercio de españoles. ¿Veremos también la usurpación de estos derechos dinerarios, acumulados con el sudor laboral de tantas vidas, para pagar la deuda estatal sin tener la culpa?
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