Domingo, 16 de octubre del 2011 Ramon Mas Sanglas (Santa Eugènia de Berga)

La polémica sobre un hipotético pacto fiscal catalán o concierto económico a la vasca no es ninguna novedad. Con el debate de política general, se ha reavivado, y en vísperas del 20-N crecerán las tensiones. Es fácil teorizar sobre una segunda transición nacionalista como la panacea de la economía catalana, aunque el realismo de una crisis galopante y la perspectiva de un próximo gobierno del PP no son buenos presagios para consensuar la autonomía fiscal. Hagamos memoria: el concierto vasco nació con turbulencias posdictatoriales y en un entorno nacionalista vasco de derechas (PNV) e izquierdas (EA) muy fuerte, una oposición nacional débil y la presión etarra muy viva. Los derechos históricos forales fueron una excusa para tapar la presión política autonómica y un justificante para no votar la Constitución. Todas las regiones tienen historia, desde Castilla hasta Catalunya, pasando por la Corona de Aragón, pero por razones culturales y lingüísticas el catalán es más antiguo que el castellano. No obstante, la lotería fiscal vasco-navarra parece vitalicia. ¿No tienen derecho las demás comunidades a un trato similar si lo deciden sus ciudadanos? Un referendo vinculante y oficial podría desvanecerse las dudas. La Constitución ha dejado de ser hermética. Por una simple iniciativa europea, el cerrojo constitucional se ha roto. Si los extranjerosa pueden intervenir en nuestra Carta Magna, ¿qué impide a los de casa modificar el articulado por conveniencia, necesidad y actualización? La soberanía popular debe tener la última palabra en cualquier cambio, no un partidismo político parcial cuando interesa. Mientras las Cortes y el Tribunal Constitucional puedan vetar y modificar la voluntad mayoritaria de un parlamento autonómico, la democracia estará en entredicho. Los poderes legislativos autonómicos y estatal no pueden quedar prisioneros de ninguna institución judicial politizada. Catalunya es una perla muy preciada para España. ¿Quién se la dejará perder? Si el pueblo catalán, por mayorías de gobierno, optara por una recaudación fiscal propia y una cuota de solidaridad más restringida, ¿qué reacción podemos esperar del Estado y las autonomías beneficiarias? ¿Tienen el derecho democrático a oponerse y exigir unos mismos ingresos? Las voces más críticas se limitan a hablar de retoques de la financiación actual y ajuste de las balanzas fiscales con criterios más europeos. Dicho de otro modo, si Catalunya reduce la cuota de aportación del 9% al 7%, el Estado seguirá aportando la diferencia a las comunidades desfavorecidas. Un gobierno centralista no querrá innovar moldes unificados a la baja; tolerará cambios recaudatorios insignificantes, pero no romperá la estructura económica del Estado. Ser catalanes y europeos sin pasar por el tamiz estatal es un brindis al sol en la coyuntura actual. Muchos políticos ven la necesidad de ingresar más y pagar menos para sanear el país. Pero, ¿cómo superar la larga cadena de obstáculos legales? No es suficiente un liderazgo nacional entusiasta hacia el derecho popular a decidir. A los ojos conservadores centralistas, un concierto económico de este calado sería como una privatización de Catalunya o una exclusión fiscal dentro del mismo territorio español. No sería separatismo, porque seguiría la aportación a los servicios comunes del Estado. Entonces, ¿qué temen? Buscamos soluciones de eficacia.

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