Miércoles, 7 de noviembre del 2012 Pau Ricomà (Sindicat de l'Estalvi) (Barcelona)

La comercialización generalizada desde hace algunos años de participaciones preferentes y otros instrumentos de capital, con el beneplácito del Banco de España y de las autoridades monetarias, ha llevado a que muchas personas vean peligrar sus ahorros. Esta situación ha motivado una indignación que en muchos casos está plenamente justificada pero que, lamentablemente, ha dado pie a incidentes violentos contra unos trabajadores que padecen doblemente la situación, ya que algunos de ellos o sus familiares son tenedores de los títulos cuestionados. No es el trabajador de la oficina del barrio quien diseñó estos productos financieros, que se instrumentaban a través de paraísos fiscales y que supuestamente salían a la venta con todas las garantías. Y tampoco es el responsable de la sobrexposición al sector inmobiliario y de las consecuencias de la explosión de la burbuja, que han supuesto el hundimiento de las entidades. El Banco de España tenía suficiente información para poner coto a estas prácticas pero, en lugar de hacerlo, las bendijo. Entendemos que es tarea de todos ayudar a entender a los damnificados que, además de injustas, las agresiones y amenazas a los trabajadores son estériles porque no son ellos quienes pueden solucionar el problema. Serán más efectivas las vías de la reclamación judicial o los arbitrajes y la presión sobre la dirección de las entidades y las autoridades políticas y monetarias para que solucionen una cuestión de una afectación social muy importante.

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