El 18 de mayo murió mi padre, titular de una póliza de decesos con Santa Lucía Seguros. Esta compañía se ofrece a pagar 14 euros por el entierro cuando mi padre ha abonado todas las primas durante más de 50 años. Cuando en 1960 solicitó un crédito a una conocida caja de ahorros para comprar ropa, el empleado impuso la condición de contratar a la vez un seguro de gastos de defunción (¿pluriempleo?), que nada tenía que ver con dicho crédito. La prima de aquel entonces era de 25 pesetas, una cantidad muy considerable para la época y que desestabilizaba el presupuesto familiar. Pero el contrato no preveía lo que después se conocería como el IPC ni el aumento de tarifas. Santa Lucía se comprometió a efectuar un entierro con ataúd forrado en paño negro con borlas, carroza fúnebre tirada por caballos adornados con plumeros y asistencia espiritual con sacerdotes cristianos y monaguillos, entre otras cosas. Desde entonces, el cobrador se ha presentado cada tres meses en casa para cobrar 51 céntimos sin que Santa Lucía haya desistido de dicho cobro ni haya ofrecido la cancelación y reintegro del contrato. A los muertos, aun en el 2012, se les continúa enterrando en ataúdes de madera y nichos, se les transporta en carrozas fúnebres tiradas por caballos y siguen existiendo sacerdotes, monaguillos e iglesias. No vemos motivo alguno para que dejen de prestar los servicios contratados y para que hayamos recibido esa única compensación de 14 euros. Todo está en manos de abogados, y seguro que mi difunto padre, desde donde esté, sigue el caso entretenido y expectante.
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