Arias Cañete afirmó que "la Unión Energética es probablemente el proyecto energético más ambicioso desde la creación de la Comunidad del Carbón y del Acero", y que ofrecerá una energía más segura, limpia y barata a los consumidores europeos. No sabemos si esta afirmación incluye la asunción de responsabilidades de la Comisión Europea por haber promovido el almacén Castor, que provocó terremotos y costará más de 4.700 millones de euros a los ciudadanos. O si quiere decir que parará la construcción del gasoducto de Azerbayán a Italia, que rechazan las comunidades de la Puglia italiana y soldará los intereses energéticos europeos al régimen autoritario y cleptocrático de Azerbayán; con un coste estimado de 45.000 millones. Quizá la afirmación es más en el sentido de acabar con el acaparamiento energético del norte de África, dejando de promover el gas de esquisto en el sur de Argelia y Túnez, con la empresa francesa Total al frente, que paradójicamente tiene prohibida esa actividad en Francia. No sabemos si el tándem Juncker-Cañete, presidente y comisario de Energía y Cambio Climático, ha valorado otros modos de lograr una energía más segura, limpia y barata; por ejemplo, dar relevancia a la escala local para la producción renovable y considerar a los ciudadanos parte activa del modelo, no simples consumidores. Aunque de un exgobernador del Banco Mundial y un miembro de un partido negacionista (del cambio climático) no podemos esperar soluciones en ese sentido. Lo mínimo que se les puede exigir como servidores públicos es que no encubran los intereses financieros y geopolíticos que hay tras la propuesta de la Unión Energética, que poco tienen que ver con las acuciantes necesidades de los ciudadanos
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