Miércoles, 1 de julio del 2015 Maria Olga Santisteban (Zalla (Vizcaya))

 En un estado democrático que se precie, la separación de los tres poderes del Estado –legislativo, ejecutivo y judicial– tiene que estar siempre por encima de toda sospecha a la hora de impartir justicia. Me refiero a la designación de la Audiencia Nacional del tribunal que juzgará uno de los mayores casos de corrupción: el 'caso Gürtel'. Los magistrados que presidirán dicho tribunal dejan bastantes dudas sobre su imparcialidad. Existen amistades que les unen con destacados miembros del partido del Gobierno. El tribunal lo presidirá Concepción Espejel, una juez "aupada" por el Partido Popular. Otro caso que puede despertar también  ciertas  dudas de la independencia judicial es el del  concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, imputado con una celeridad desconocida hasta ahora por la fiscalía anticorrupción por unos desafortunados aunque injustificables tuits. Sin embargo vemos su pasividad y lentitud ante otros casos, como la destrucción de pruebas en el 'caso Bárcenas'. No solo se debe impartir justicia, también se debe ver con claridad que se imparte justicia.

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