Soy madre de un niño que ha recibido un trasplante multiorgánico en el Hospital de La Paz en Madrid. Ha sido posible gracias a la sanidad pública; si hubiéramos tenido que sufragar los gastos hubiese sido inviable. Lo que me parece una incongruencia es que después del dinero y los años invertidos, amén del gesto de extrema solidaridad del donante y su familia, el éxito dependa ahora de una medicación que los trasplantados tienen que tomar de por vida para evitar el rechazo y que tiene grandes efectos secundarios, y que el Estado no invierta en la investigación que permita desarrollar tratamientos que eviten o minimicen esos efectos. Ha tenido que ser una iniciativa privada promovida por una asociación sin ánimo de lucro (NUPA) la que, junto a la aportación de un particular, haya hallado la financiación para un proyecto que investigará tratamientos antirrechazo con células madre.
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