Jueves, 18 de diciembre del 2014 Andrea Izquierdo (Barcelona)

La cuestión ya no es si la infanta Cristina es culpable o no, o si desmerece cualquier privilegio o remuneración que pueda tener asignados. La cuestión, ahora y siempre, es cómo puede un Estado que se autodenomina de derecho no exigir la separación de poderes que enseñan en las facultades de Derecho y que propugnaba Montesquieu. Que tanto el fiscal como la defensa velen en cierto modo por los intereses de la misma persona, una de las imputadas, huele mal, especialmente cuando esta tiene un apellido especial y cuando el juez ve indicios delictivos. Como abogada, que el poder judicial no sea independiente e imparcial me merece repulsa y me indigna; como ciudadana, me atemoriza. Y, sobre todo, me atemoriza que los fiscales, que en teoría defienden los intereses de los ciudadanos, puedan llegar a ser parciales. Evidentemente, tampoco pueden serlo los jueces; pero lo increíble es que, en este caso concreto, el juez, que ve indicios delictivos, ha sido acusado por el fiscal casi de parcialidad (y de querer hacer una especie de tribunal de inquisición contra un miembro de la familia real). Quiero pensar que en este caso no puede suceder como en otros en los que jueces con sentido de la justicia y la igualdad han sido apartados por intereses políticos o económicos. Pero, como digo, eso es lo que me gustaría.

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