Miércoles, 27 de agosto del 2014 Piedad Jiménez (Sant Pol de Mar)

 He sido estomatóloga y anteriormente ATS, con plaza pública desde 1974. El director gerente del Institut Català de la Salut me ha comunicado que debo jubilarme de forma forzosa al cumplir los 65 años. Según el Tribunal Constitucional, la jubilación es forzosa con excepciones y una de ellas es la solicitud voluntaria y temporal (máximo hasta los 70 años). Es malo que me fuercen a jubilarme porque me encanta mi trabajo, pero lo entiendo, para dar paso a nuevas generaciones, aunque realmente no lo hacen por las nuevas generaciones, sino para rebajar costes. Lo realmente malo, por no decir extraño, es que quienes firman las cartas donde se me comunica mi jubilación forzosa son la gerente de Àmbit, Pilar Solans, y el director gerente del ICS, Pere Soley, quienes aplican la norma sin aplicársela ellos mismos, ya que superan los 65 de forma holgada. El hecho es que ellos, con mayor edad que yo, se mantienen en el cargo y a mí, más joven, me fuerzan, como a otros, a jubilarme. Así las cosas, veo pocas alternativas. Aceptar la situación no va conmigo. Presentar batalla judicial es poco práctico, porque hay sentencias que dan la razón a médicos y otras al ICS, y aunque ganara, me costaría mucho dinero y un mínimo de tres años. Por tanto, he considerado que la mejor opción es la denuncia pública. Mis preguntas son: ¿Por qué ellos pueden trabajar a los 67 y deciden mi jubilación forzosa a los 65? ¿Qué causas médicas justifican que ellos sí trabajen y yo no? ¿Puede haber alguna otra causa que no sea médica? ¿Por qué la ley no se aplica a todo el mundo por igual, si es tan objetiva y justa? Me gustaría tener respuestas.

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