Estamos en campaña electoral y todo el protagonismo recae en el derecho a decidir de las personas sobre el futuro de la nación. Somos unos padres que también hace tiempo que pedimos a los Serveis Territorials d’Ensenyament de Barcelona el derecho a decidir en qué escuela queremos escolarizar a nuestra hija, pues ninguna de las seis opciones escogidas resultó posible. Aumentar la ratio en el centro escogido como primera opción no perjudicaba a nadie ni tampoco alteraba el mapa escolar de zona ni del municipio, pero la respuesta fue negativa. Se trata de una decisión inalterable y una actitud inflexible sin argumentos de peso y que no ha considerado los razonamientos que pueda haber detrás o las posibles consecuencias para el niño al tener que adaptarse en un futuro a una nueva escuela. Se trataba de cuadrar los números y ya los tienen. Felicidades. Creemos que nuestras instituciones deberían hacer una reflexión cuando se exige el derecho a decidir a terceros, pues actuando de la misma manera que se critica demuestran falta de madurez ante el proceso que se pretende abordar. Los políticos y las instituciones no solo nos han de contentar, también nos han de ilusionar.
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