Sábado, 4 de julio del 2015 Pedro Javier Marín (La Pobla de Montornès)

La 'ley mordaza' aprobada por el Gobierno del PP no deja de ser un atentado más contra la libertad de expresión. El 'statu quo' anterior a dicha ley ya preveía la denuncia de aquellas personas que infiltrándose en manifestaciones pacíficas provocaran ciertos problemas: quemar contenedores, destruir mobiliario urbano, insultar a los agentes del orden e incluso actos como colocar pancartas de protesta en edificios pertenecientes a instituciones del Estado. Las personas denunciadas tenían que pasar por los juzgados, en donde el denunciado tenía derecho a defenderse ante un juez y la oportunidad de probar su inocencia, tal como indica la ley. Esta nueva ley anula el proceso judicial e instaura la presunción de veracidad, que sustituye a la de inocencia, implantando multas de forma directa, sin pasar por los juzgados, y en muchos casos resulta de una injusticia más cercana a un estado policial –no deseado ni por la propia policía– que a una democracia estable. Pero solo hablaré de una de las nuevas sanciones que aplica esta ley: aquellos que se manifiesten frente al Congreso pueden ser multados con cantidades de hasta 30.000 euros. Y yo me pregunto: ¿dónde tienen que manifestarse los ciudadanos? Esta serie de leyes injustas que el Gobierno del PP ha aprobado no es más que la consecuencia de  obtener la mayoría absoluta en las últimas elecciones generales. El que es ideológicamente socialista siempre vota PSOE y el que es ideológicamente del PP siempre vota PP. Pero el resto de españoles votan según les haya ido la vida con unos o con otros. El señor Zapatero lo hizo tan mal que ese tercer grupo de gran importancia, que no es ni del PP ni del PSOE y que carece de ideología, castigó al PSOE dando su voto al PP. Desde entonces estamos gobernados por un partido que favorece a una minoría selecta y abandona a una mayoría necesitada. 

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