Sábado, 1 de noviembre del 2014 Ramon Gausachs (L'Hospitalet de Llobregat)

Llegados a este punto, en el que el referéndum se ha convertido en una consulta participativa y el censo oficial ha sido sustituido por una gestión telemática, cuando es evidente que haga lo que haga el Govern para saber la opinión de los catalanes sobre el futuro del país –medida antidemocrática donde las haya– será impugnado, ¿no será factible aprovechar el despliegue iniciado (publicidad, material y voluntariado) y delegar la gestión de esta consulta en Òmnium Cultural y/o en la Assemblea Nacional Catalana? Son entidades privadas, no públicas, por lo que la capacidad de intervención del aparato del Estado debería ser nula. ¿El Estado español –democrático como el que más– podría vetar una encuesta no oficial organizada por una entidad privada? Si fuera así, tendríamos aún más argumentos para denunciarlo a la comunidad internacional y justificar, en su caso, una declaración unilateral de independencia, si la apoyara el resultado de unas elecciones plebiscitarias previas.

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