El campo balear: entre la amenaza urbanística y la esperanza ecológica
Expertos y entidades agrarias analizan el complejo futuro del campo balear ante la presión urbanística, la falta de relevo y los desafíos climáticos

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Expertos y entidades agrarias analizan el complejo futuro del campo balear ante la presión urbanística, la falta de relevo y los desafíos climáticos
En un momento crucial para la supervivencia del campo balear, Diario de Mallorca y Agrobank organizaron una jornada de reflexión y análisis bajo el título «Presente y futuro del sector primario en Baleares: Retos y oportunidades». La cita reunió a representantes del sector agrícola, ecológico y ganadero de las islas, con la participación de organizaciones como ASAJA, APAEMA y Unió de Pagesos.
La jornada fue inaugurada por Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca, quien señaló los temas clave del debate: el marco regulatorio, la presión urbanística, la burocracia, la amenaza real del cambio climático y la dificultad del relevo generacional.
A continuación, José Carlos Martínez, director de Red AgroBank, expuso las líneas estratégicas de CaixaBank para el apoyo financiero al campo: «Todo empieza con la sostenibilidad económica. Sólo si hay sostenibilidad económica, podrá llegar la sostenibilidad medioambiental y social». Martínez detalló tres ejes de actuación: el apoyo financiero a grandes y pequeñas explotaciones, programas específicos para relevo generacional —como MicroBank o los cursos AFA—, y una plataforma de innovación con startups agroalimentarias que permiten digitalizar el campo. Destacó además que Baleares concentra más del 50% de cuota de PAC y financiación agraria, señal del compromiso con el territorio.
La mesa de expertos, moderada por la periodista Mar Ferragut, reunió a tres voces clave del sector primario en las islas: Miquel Coll (APAEMA), Sebastià Ordinas (Unió de Pagesos) y Francisco Salvà (ASAJA). Tres visiones complementarias que convergieron en un diagnóstico común: el modelo actual es insostenible y requiere una transformación urgente.
Miquel Coll centró su intervención en los efectos destructivos del modelo de urbanización extensiva en suelo rústico. «Hemos convertido una excepción —la construcción en suelo rústico— en una normalidad. Esto genera una presión añadida insostenible». Abogó por una moratoria de construcciones y advirtió de la expulsión de los payes y la actividad agraria en beneficio de la especulación: «Si una pequeña parcela vale 300.000 euros o más, ¿qué explotación puede sobrevivir?» También remarcó la necesidad de una revisión estructural del modelo económico balear: «Sin sostenibilidad, no habrá ni alimento ni paisaje».
Sebastià Ordinas, de Unió de Pagesos, en el mismo sentido, denunció la marginación del campesinado. «Todo el mundo quiere tirar la basura, pero nadie quiere tener el contenedor en casa. Los campesinos somos el contenedor». Lamentó que el campo balear ya no se use para producir alimentos, sino para actividades especulativas: «Ya no se compra tierra para sembrar, sino para especular». Reclamó un modelo agrícola al servicio de la población residente, no del interés turístico o financiero. También alertó de las consecuencias del cambio climático: «Las variedades foráneas dejan de producir. Necesitamos reforzar lo que es nuestro».
Por su parte, Francisco Salvà, de ASAJA, puso el foco en los condicionantes estructurales del sector: los costes de producción elevados en un entorno insular, el acceso restringido a la tierra, y una política agraria europea que prima la superficie frente a la producción. «El sistema de ayudas concentra recursos en grandes explotaciones y ahoga a las pequeñas», advirtió. Salvà también denunció la falta de coherencia en las normativas europeas que exigen estándares medioambientales a los productores locales mientras permiten importar alimentos tratados con sustancias prohibidas aquí. «No competimos con las mismas reglas. Esto es injusto».
Durante la mesa se planteó también la urgencia de frenar el abandono del campo y facilitar el relevo generacional. «Sin payeses no hay futuro», concluyeron. Coincidieron en que las nuevas generaciones pueden liderar un modelo agroecológico, pero para ello necesitan acceso a tierra, formación, acompañamiento técnico y financiación justa. «La burocracia es un muro. Necesitamos políticas hechas desde el territorio, no desde los despachos de Bruselas», coincidieron.
La necesidad de adaptar el sector a los efectos del cambio climático fue otro de los ejes centrales del debate. Se habló de plagas emergentes, estrés hídrico y alteraciones fenológicas en cultivos como la viña o el cereal. Los expertos reclamaron más inversión en investigación, ensayo agronómico y protección de variedades locales adaptadas al entorno. «Llueve mal, los ciclos se adelantan, y las cosechas son más inciertas que nunca», resumieron.
Se abordó también la compra pública de alimentos y la necesidad de coherencia institucional. «¿Cómo podemos pedir al sector turístico que compre producto local si la administración no lo hace?», lanzó Ordinas. Reclamaron una nueva ley de compra alimentaria institucional que garantice el acceso del producto local a comedores escolares, hospitales y residencias. «Sin mercado local, no hay campesinado posible», señalaron.
La jornada evidenció que el sector primario balear necesita medidas valientes, coherentes y estructurales que lo protejan frente a la urbanización, el cambio climático y la desigualdad normativa. El campo no solo necesita apoyo: necesita ser comprendido, defendido y priorizado como base de soberanía, cohesión y resiliencia territorial.
En Baleares, solo el 2,3% del territorio está dedicado a cultivos de regadío, y sólo el 3% del PIB regional proviene del sector primario, pese a que representa un pilar clave para la autosuficiencia alimentaria y el equilibrio ecológico. En contraste, la superficie urbanizada y destinada a usos turísticos no ha dejado de crecer en las últimas décadas. Esta asimetría fue uno de los puntos más denunciados durante el encuentro.
Francisco Salvà insistió en la necesidad de reformular el diseño de la Política Agraria Común (PAC) y sus ayudas, que a menudo penalizan la producción a pequeña escala. «El sistema está diseñado para premiar la superficie, no el valor social ni la sostenibilidad de los cultivos» explicó. Apostó por fórmulas de compensación específicas para territorios insulares y por medidas fiscales que favorezcan el relevo y la diversificación productiva.
Miquel Coll, de APAEMA, propuso articular un plan integral para el sector ecológico, que incluya formación continuada, centros de acopio, comercialización cooperativa y fomento de canales cortos de venta. «No basta con sembrar ecológico si después no tenemos estructuras para distribuir y vender», advirtió. Reclamó también una reforma profunda del suelo rústico que blinde la función agraria frente a la especulación inmobiliaria y el alquiler turístico disfrazado de finca agrícola.
Los participantes de la mesa coincidieron en que el campo necesita recuperar prestigio y centralidad en la política regional. «No puede ser que un campesino cobre menos que un camarero de temporada. Así no habrá relevo”, lamentó Ordinas. También alertó de la falta de vivienda accesible en el entorno rural, lo que impide a jóvenes incorporarse aunque tengan tierras o vocación agrícola.
Al final del encuentro, se propuso impulsar una alianza estratégica entre el sector agrícola y el turístico, promoviendo el producto local como valor diferencial. «Mallorca no es solo playas, también son oliveras, higueras y viñas, concluyó Coll.
La agricultura balear no solo cultiva alimentos, sino que sostiene el paisaje y la identidad colectiva forjada entre bancales, paredes de pedra en sec y saberes ancestrales. Su preservación es, en última instancia, una apuesta por el futuro de la isla como territorio habitable, justo y resiliente.