Los nuevos presupuestos de la Generalitat refuerzan las políticas de vivienda en Catalunya
Una partida de 1.900 millones de euros permitirá incrementar las ayudas al alquiler, construir más vivienda protegida e impulsar la rehabilitación
Una partida de 1.900 millones de euros permitirá incrementar las ayudas al alquiler, construir más vivienda protegida e impulsar la rehabilitación
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La aprobación de los nuevos presupuestos permitirá al Govern afrontar con más recursos uno de los principales retos que tiene Catalunya: el acceso a la vivienda. Gracias a una dotación sin precedentes de 1.900 millones de euros, que triplica la de las cuentas del 2023, las últimas aprobadas, se reforzarán las ayudas al alquiler, la construcción de vivienda protegida y la rehabilitación. Esto es posible gracias al aumento de la asignación prevista para la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, que asciende a 3.453 millones de euros (un 35% más) y supone un 8,5% del gasto total. La previsión es que esta partida de 1.900 millones destinada a vivienda alcance los 2.500 millones al final de la legislatura.
En este interactivo visual se muestra de manera sencilla e intuitiva cómo se distribuyen los recursos públicos:
La mayoría de los fondos para las acciones destinadas a garantizar el acceso a la vivienda proceden de recursos propios de la Generalitat mientras que el Institut Català de Finances (ICF) pondrá a disposición 600 millones de euros, a los que se suman 50 millones adicionales para rehabilitación. El ICF destinará parte de estos recursos a los préstamos Emancipación, que se pusieron en marcha el año pasado conjuntament con l’Agència de l’Habitatge de Catalunya y que ayudan a financiar, sin intereses, la entrada para la compra de la primera vivienda a las persones de hasta 40 años.
Uno de los grandes objetivos marcados en estos nuevos presupuestos es alcanzar un parque de 50.000 viviendas públicas para uso social en el 2030, incrementando la oferta de vivienda asequible y de alquiler protegido en toda Catalunya. Esto incluye tanto la construcción de nuevos edificios como la movilización de suelo público, así como la colaboración con ayuntamientos y entidades. Las cuentas también contemplan destinar 60,6 millones a ampliar el parque público de alquiler mediante la adquisición de viviendas, mientras que el INCASÒL dispondrá de 78,6 millones para la construcción de viviendas de alquiler social.
El incremento de los presupuestos también permitirá incrementar el número de beneficiarios de las ayudas para el pago del alquiler, que alcanzaran las 89.500 familias este año.
Además, en materia de rehabilitación, se prevén 16,5 M€ de ayudas a los entes locales del Fondo de Recuperación Urbana, Ambiental y Social de Barrios y Villas, destinadas a los barrios y áreas urbanas que, por sus características sociales, económicas y ambientales, se identifican como áreas de atención especial, con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Las cuentas también contemplan la tramitación de 32 instrumentos de planificación urbanística de ámbito económico, social o de infraestructuras.
En cuanto a la inversión territorial, para Barcelona se prevén 16,4 millones de euros en ayudas económicas para la rehabilitación de edificios e inversiones en vivienda pública, como 181 viviendas en Barcelona, 98 en Vilanova i la Geltrú, 171 en L'Hospitalet de Llobregat, 253 en Terrassa y 56 en Manlleu, entre otras actuaciones. En Girona, el presupuesto incorpora inversiones en 341 viviendas sociales en la ciudad de Girona, Salt, Figueres, Lloret de Mar y Blanes, además de actuaciones en suelo de uso residencial en Salt, L'Escala, Torroella de Montgrí y Sant Feliu de Guíxols.
En Tarragona, los presupuestos contemplan inversiones en 65 viviendas públicas, distribuidas entre 40 en Reus y 25 en Valls. Además, incluyen una partida de 1,17 millones de euros para la urbanización del Camí de la Porrassa, en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, con el objetivo de crear suelo residencial donde puedan construirse nuevas viviendas. En Lleida, finalmente, las actuaciones se centran en inversiones en suelo residencial en La Seu d'Urgell y Alguaire, así como en 87 viviendas de alquiler social en Sort y La Pobla de Segur.