Lo dice la ley de alquileres: los propietarios deben pagar este gasto adicional

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), concretamente en su artículo 21, obliga al arrendador a realizar sin aumento de renta todas las reparaciones necesarias para mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad, salvo deterioro imputable al inquilino. Esta obligación es irrenunciable y los conflictos legales recientes han reforzado que el propietario asuma gastos estructurales y de conservación.

Recientemente, varios conflictos legales han recordado que mantener la vivienda en condiciones habitables no es un favor del propietario, sino una obligación. Aspectos que históricamente se atribuían al inquilino ahora recaen claramente sobre el dueño, lo que ha generado una reinterpretación en cómo se reparten los costes dentro de los contratos de arrendamiento.

A cargo del propietario

Este cambio no implica que la normativa haya sido modificada de forma reciente. La diferencia está en la aplicación práctica: los tribunales han subrayado que garantizar la habitabilidad es obligatorio y que cualquier reparación esencial debe correr a cargo del propietario. En la práctica, esto afecta a muchos casos donde antes los acuerdos se realizaban de manera informal.

El artículo 21.1 de la LAU señala que el propietario debe asumir todas las reparaciones necesarias para mantener la vivienda en condiciones de uso. Esto incluye desde fallos en la electricidad hasta tuberías rotas, calentadores averiados o humedades graves que dificulten la vida diaria. Todas estas situaciones son responsabilidad del dueño del inmueble.

Un detalle importante que muchos desconocen es que el propietario no puede trasladar estos gastos al inquilino mediante un aumento del alquiler. La ley prohíbe usar una reparación obligatoria como justificación para subir la renta, lo que protege al arrendatario de costes adicionales indirectos.

El inquilino tiene una responsabilidad

Aunque el propietario debe cubrir los gastos, el inquilino tiene un papel clave: notificar a tiempo cualquier incidencia, permitir el acceso a la vivienda para realizar los trabajos y distinguir entre reparaciones urgentes y tareas de mantenimiento regular. Esto asegura que las obras se ejecuten correctamente y reduce el riesgo de disputas.

Además, la ley establece que las reparaciones no deberían prolongarse más de 20 días, salvo en obras especialmente complejas. Si la reparación afecta tanto la habitabilidad que obliga al inquilino a dejar la vivienda temporalmente, se activa otro derecho: la reducción proporcional del alquiler durante ese período.