Los sindicatos lamentan que el nuevo plan de vivienda de Illa no asegure la bajada de precios

Para el Sindicat de Llogateres, el anuncio del president de la Generalitat no garantiza la tan reclamada bajada de precios para facilitar el acceso a la vivienda, ya que, según la organización, Illa olvida que "los ciclos de construcción masiva han ido siempre acompañados de ciclos de subidas de precios de la vivienda". El sindicato se pregunta: "¿Quién nos dice que estos 214.000 pisos servirán como vivienda principal a precios asequibles?"

"Tenemos una demanda inflada por las compras de vivienda que realizan inversores. No olvidemos que, según Funcas, el 60% de las compras de propiedades se están realizando sin hipoteca y que, según el gigante inmobiliario JLL, actualmente la inversión en este sector es la opción más rentable a escala global, después de las acciones estadounidenses", subraya.

El Sindicat de Llogateres considera que el discurso del jefe del Executiu induce a "una confusión interesada entre vivienda pública, vivienda de protección oficial y la construcción de nuevas viviendas en general". "Presenta estos 214.000 pisos como si todos debieran ser protegidos, cuando la realidad es que la mayoría de ellos no serían de protección oficial. La reserva del 40% es lo que marca ya la ley", afirma la organización en un comunicado.

UGT cree que la propuesta presentada este martes por Salvador Illa, pese a bienintencionada, "necesita más concreción, ya que gran parte de estas viviendas previstas, hasta 160, están pendientes de proyecto de urbanización y reparcelación sin planeamiento urbano. "Esta nueva planificación requiere muchos años (más de 10 años) y de políticas de desarrollo que van más allá de la vivienda, ya que toda la propuesta sería cómo construir dos ciudades enteras como L'Hospitalet de Llobregat", valora el sindicato.

Facilitar los trámites

Pero no todas las valoraciones han sido pesimistas. El decano del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Guillem Costa Calsamiglia califica de "buena noticia" el compromiso de la Generalitat "de ponerse al frente de esta iniciativa para colaborar con los municipios, para así agilizar todos los trámites que muchas veces son complejos y lentos, como son los del planeamiento, la gestión y la urbanización". "Como arquitectos, estamos preparados y encantados de poder asumir este reto de construir estos 210.000 habitaciones, junto con lo que ya había anunciado anteriormente, los 50.000 habitaciones de alquiler de protección oficial", destaca Costa Calsamiglia, que aboga por estrechar la colaboración público-privada.

También la Coordinadora de Fundaciones de Vivienda Social (Cohabitac) valora positivamente el anuncio del president, aunque advierte de que el principal desafío será la disponibilidad de suelo y la capacidad de agilizar los trámites urbanísticos. "Es una propuesta interesante porque supone forzar la máquina del urbanismo y del suelo para poder llegar a esas cifras", explica la presidenta de Cohabitac, Carme Trilla. Sin la colaboración publico-privada no se podrá hacer nada, insiste también Trilla. "Los suelos públicos, los recursos públicos y la financiación pública son limitados, por lo que sin el sector privado no se podrá dar respuesta a toda la necesidad", zanja. En este proceso, recuerda, la administración debe ser siempre la que debe especificar qué necesita, qué tipo de producto desea, cuántas viviendas quiere y dónde las quiere. Y los privados, para que actúen en la línea, deben tener los estímulos adecuados para construir, comprar, rehabilitar y gestionar. "Se entiende que un promotor de viviendas protegidas debe obtener un beneficio mínimo", apunta, algo que "si se articula bien, hay privados dispuestos a hacerlo".

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