El Gobierno refuerza su apuesta por la vivienda con 35 millones para las zonas tensionadas

35 millones de euros sobre la mesa para mejorar la capacidad de actuación de aquellas comunidades autónomas que hayan declarado –o estén en vías de declarar– zonas tensionadas. Es la nueva medida que ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la inauguración del salón Construmat en Barcelona. Lo ha hecho frente las principales instituciones políticas y privadas de la construcción, entre los que figuraban el President de la Generalitat Salvador Illa, el presidente de Construmat Xavier Vilajoana, David Girós, alcade de Hospitalet de LLobregat o el president de la Fira de Barcelona, Pau Relat, reunidos con motivo de la presentación institucional que ha tenido lugar este miércoles en el salón.

Esta dotación extraordinaria pretende ser un incentivo más para que las autonomías se sumen a la aplicación de la Ley de Vivienda, dos años después de su aprobación. La medida busca proporcionar herramientas reales a los gobiernos autonómicos y locales que se enfrentan a las mayores dificultades de acceso a la vivienda, sobre todo en grandes núcleos urbanos como los de Cataluña. “Reconocer una zona tensionada no es un estigma, es el primer paso para actuar con más rapidez y eficacia”, defendió Rodríguez, que remarcó que este reconocimiento permite activar recursos específicos para aliviar la presión del mercado inmobiliario.

El líder del PSC y exministro de Sanidad, Salvador Illa reforzó la importancia de esta medida. "La desigualdad se llama vivienda", afirmó tajantemente. Ahora, "el reto es pasar del diagnóstico a la acción". Apeló a aprovechar los fondos europeos para construir más y más rápido, con la colaboración de todos los niveles de la administración y destacó que Cataluña y España cuentan con conocimiento acumulado suficiente para afrontar esta crisis estructural, y que la única vía posible es la colaboración y la confianza: “No lo conseguirá solo un gobierno. Pero sí lo conseguiremos si sumamos esfuerzos para dar respuesta a un problema real que afecta a millones de personas”.

Un discurso de compromiso

Durante la apertura el presidente de Fira de Barcelona, Paul Relat, destacó el papel histórico del evento como motor del sector: “Tras 41 ediciones, Construmat sigue siendo una plataforma de impulso para el negocio y la innovación, especialmente en tiempos como los actuales”. Según explicó, este espacio se ha consolidado como un punto de encuentro imprescindible para avanzar hacia una construcción más eficiente y sostenible. Además, subrayó que Fira está llevando a cabo la construcción del Hall 0 con criterios de sostenibilidad, en respuesta a la demanda tanto social como de sus clientes. 

En la misma línea, Xavier Vilajoana, presidente del salón, puso en valor la presencia de representantes institucionales y agentes privados: “Es un momento de Estado. Hemos entregado un decálogo a los políticos porque necesitamos avanzar con corresponsabilidad”. Insistió en que el sector está preparado para liderar este cambio, pero que no podrá hacerlo sin la implicación decidida de la administración pública. 

Por su parte, el alcalde de L’Hospitalet de Llobregat, David Giró, quiso reivindicar el papel internacional de la feria y la necesidad de cooperación entre administraciones: “Solo si remamos en la misma dirección podremos garantizar el derecho a la vivienda y avanzar con políticas sostenibles”. Recordó que su municipio es uno de los más densamente poblados de Europa, con viviendas que superan los 50 años de antigüedad, muchas sin estándares mínimos de calidad. Algo que desde el Gobierno no ignorar, pero que esperan que con la nueva Ley de Vivienda se pueda avanzar con más celeridd. “Estamos acertando, y las cifras lo avalan: el sector de la construcción ha reactivado su pulso con 1.260.000 viviendas visadas, el empleo en el sector creció un 8,2% en el último año, y el 86% de las hipotecas se destinan a compra de vivienda habitual”, enumeró.

Un discurso de balance y compromiso

Rodríguez no ocultó su preocupación por el lento despliegue territorial de la Ley. Insistió en que aún hay muchas comunidades autónomas que no han dado el paso de declarar zonas tensionadas, pese a que los datos muestran un aumento sostenido de los precios y un acceso cada vez más limitado a la vivienda en muchas ciudades. La ministra urgió a estas administraciones a aplicar la normativa o, al menos, a escuchar las demandas de los municipios que sí desean activar esas herramientas. “El derecho a la vivienda está recogido en nuestra Constitución y no puede depender del código postal. No se trata de confrontar, sino de sumar. El único horizonte posible es que las administraciones respondamos unidas a la ciudadanía”, afirmó ante un auditorio de representantes del sector de la construcción, promotores y cargos públicos.