La Generalitat cerrará esta semana la compra de los 743 pisos sociales al fondo Divarian, dos meses después de anunciarlo

 La Generalitat formalizará a lo largo de esta semana la compra de un total de 743 viviendas para alquiler social, con una inversión de casi 72 millones de euros, en su mayor operación ejerciendo el derecho de tanteo y retracto en viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias en que viven familias vulnerables.

La Generalitat compra por 72 millones 743 pisos a un fondo inversor para destinarlos a alquiler social

Así lo ha anunciado este lunes en un comunicado la conselleria de Territori de la Generalitat, que en febrero pasado ya desveló que compraría estos 743 pisos fruto de ejecuciones hipotecarias al fondo Divarian para incorporarlos al parque de vivienda pública. En concreto, estas viviendas se incorporan al parque público de la Generalitat utilizando el derecho de adquisición preferente por parte de la administración en los procesos de tanteo y retracto.

De esta forma, esta operación supondrá la mayor compra en número de pisos que habrá hecho nunca la Generalitat ejerciendo este derecho de tanteo, según ya destacó en su momento la consellera Sílvia Paneque, cuando hace dos meses presentó a los medios de comunicación la adquisición, que se suma a los otros 450 pisos comprados en diciembre a entidades bancarias.

El Govern comprará en diciembre 450 viviendas de bancos para destinarlos a alquiler social

En la mayoría de estos pisos viven actualmente familias que habían perdido la vivienda por ejecuciones hipotecarias y que ahora continuaban residiendo en ellos pero de alquiler, amparados por el programa Reallotgem, de la Agència de l'Habitatge de Catalunya. En estos casos, la agencia paga directamente el alquiler al propietario y después los inquilinos le abonan una renta mensual, que se calcula en función de sus ingresos.

Mapa | Aquí se encuentran los 743 pisos sociales comprados por la Generalitat a un fondo inversor

Los 743 pisos se encuentran distribuidos en casi un centenar de municipios de toda Catalunya: en Barcelona hay 487; en Lleida 59; en el Camp de Tarragona 55; en Girona 54; en la Catalunya central 43; en el Penedès 34; en las Terres de l'Ebre, seis, y en el Alt Pirineu i Aran, otros cinco.

En el comunicado emitido este lunes, Paneque destaca que, gracias a esta operación, los inquilinos "tendrán la tranquilidad de poder seguir viviendo en los pisos con el mismo contrato de alquiler que tenían hasta ahora", ya que si se hubiesen vendido a un gran tenedor "corrían el riesgo" de que el nuevo comprador no se lo hubiese renovado.

Según Paneque, esta compra responde a la voluntad del Govern de incrementar el parque público de viviendas de protección oficial y, sobre todo, "de preservar el derecho al acceso a la vivienda" y de "proteger a los inquilinos y conseguir un ahorro por parte de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, que así puede distribuir los recursos en otras políticas".