El Sindicat de Llogateres analizará con partidos del Parlament cómo evitar los vencimientos de los pisos de protección oficial

El Sindicat de Llogateres ha citado para el próximo martes a la mayoría de las fuerzas políticas del Parlament de Catalunya para exponerles algunas de sus propuestas en defensa del parque de vivienda pública y plantear medidas que eviten, por ejemplo, que decenas de miles de pisos de protección oficial dejen de serlo antes de 2030 por el vencimiento de este tipo de calificación. "No sirve de nada anunciar 50.000 casas nuevas para 2030 si se perderán 43.000 pisos sociales", ha lamentado Enric Aragonès, portavoz de la entidad.

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Los inquilinos, que han anunciado que endurecerán las acciones de la huelga de alquileres iniciada contra algunos fondos propietarios de viviendas arrendadas, exigirán también que la gestión y la titularidad de estos inmuebles pase a ser "al 100% públicas, con un modelo de protección indefinida" y que se ponga "fin a las prácticas abusivas, porque no puede ser, como ocurre ahora, que los inquilinos estén pagando el impuesto de bienes inmuebles (IBI) o se les apliquen condiciones propias del libre mercado", ha subrayado Aragonès.

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Tras la huelga llevada a cabo por vecinos de El Vendrell y Salou para recuperar el IBI cobrado durante años por su arrendador, seis promociones de Sitges (Garraf), Banyoles (Pla de l'Estany) y Sentmenat (Vallès Occidental) van a dejar de pagar sus alquileres el próximo abril hasta que el propietario, InmoCriteria, les garantice que no va a poner a la venta sus viviendas sociales. "El dinero de las rentas se recogerá en un depósito, que será abonado al fondo cuando tengamos la garantía de que no privatizará estos pisos, que se construyeron con fondos públicos", ha indicado Aragonès.