Catalunya retirará los nuevos pisos asequibles a quienes no los usen como residencia habitual

Las personas que se adjudiquen alguno de los pisos asequibles que se construirán en los terrenos públicos cedidos por ayuntamientos (u otros organismos públicos) perderán el derecho a la vivienda en cuestión si no la destinan a domicilio habitual o permanente o no respetan las normas del régimen de protección oficial a las que estará sujeto ese inmueble. Esta es una de las condiciones previstas en la resolución que publica este viernes el 'Diari Oficial de la Generalitat' (DOGC) con la que se abre el periodo de inscripción de terrenos para la nueva reserva pública de solares. El texto, que firma la presidenta de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, Lídia Guillén, también establece la retirada de la vivienda adquirida por el sistema de derecho en superficie a aquellos que la mantengan vacía durante un periodo superior a tres meses, siempre y cuando no hayan comunicado previamente la ausencia a la Agència y esta la haya autorizado.

El 25% de los nuevos pisos sociales en Catalunya serán para jóvenes y el 10% para vulnerables

La normativa castiga asimismo a aquellos que alquilen o cedan a terceras personas estos pisos y a los que dejen de pagar durante más de cinco meses el préstamo hipotecario que hayan tenido que pedir para financiarlo. Según la resolución publicada en el DOGC, la Generalitat tomará la titularidad del piso y lo destinará a alquiler social o transmitirá el derecho de superficie a un nuevo adjudicatario.

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De hecho, el modelo de derecho de superficie es una de las tres figuras previstas para quienes ocupen los 10.000 pisos que está previsto que se edifiquen en los solares que se inscriban en esta primera convocatoria. Las otras dos son la cesión de uso y el alquiler a precios asequibles, que será, con toda probabilidad la más frecuente. De hecho, la previsión del Govern, anunciada hace ya un par de semanas por la consellera de Territori, Sílvia Paneque, es que una cuarta parte de estos nuevos pisos sean para jóvenes menores de 35 años, con un precio de arrendamiento que se fijará, como mínimo, un 20% por debajo del de mercado. Habrá también una asignación del 10% para personas vulnerables.

Líneas de ayudas específicas

Los promotores privados que aspiren a construir esos pisos protegidos podrán optar a una nueva línea de ayudas que les permitirá cubrir "la diferencia entre el importe que paguen los inquilinos y el precio de mercado de alquiler", según explicó la semana pasada Paneque a representantes de empresas promotoras y constructoras. Se trata de un estímulo, dijo Paneque, para que estas compañías "vean atractivo participar en este proyecto". Así, la Generalitat otorgará al promotor una subvención mensual equivalente al diferencial entre el alquiler asequible que satisfarán los inquilinos y el resultado de multiplicar la superficie útil total de las viviendas construidas en cada solar por el valor de 10,65 euros. Ese importe se irá actualizando en cada convocatoria en función del IPC. Además, también se habilita una línea de financiación a través del Institut Català de Finances (ICF) con una bonificación a 20 años para poder sufragar la construcción. En el caso de esta primera convocatoria es de 1,5 puntos porcentuales. 

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Los solares de titularidad privada que se destinen a alquiler y se beneficien de las ayudas habilitadas por la Generalitat, están obligadas a mantener el régimen de arrendamiento durante 75 años. Los terrenos que ya dispongan de un promotor, es decir, que estén listos para empezar las obras, pueden inscribirse hasta el próximo 3 de abril, mientras que aquellos en los que habrá que buscar promotor (labor que desarrollará la Generalitat) el plazo se amplía hasta el 5 de mayo.

A la espera de que se confirmen las ubicaciones, el Govern ha distribuido los solares en cuatro ámbitos territoriales y, a partir de allí, se establecerán los precios para el arrendamiento social. En el primero de estos ámbitos, el alquiler se fijará en un máximo de 10,65 euros por metro cuadrado, mientras que, en el segundo, el importe será de 8,65 euros. En el tercero, se fija un precio de 7,65 euros y en el cuarto, de 6,64.

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Hasta el momento, han ofrecido terrenos los ayuntamientos de Barcelona, Tarragona, Lleida, L'Hospitalet, Sant Boi, Les Franqueses del Vallès, Granollers y Terrassa, que ahora deberán formalizar la inscripción. Cuando se conozcan, la Agència Catalana de l'Habitatge los certificará y los validará y "entonces será cuando se ajuste la previsión y cuando se vea dónde hace falta incidir", indicó la consellera de Territori en la presentación del proyecto.

Tras esta primera convocatoria para dotar de terrenos la reserva pública de solares, está previsto que haya un segundo llamamiento a finales de este año. Con ello, la intención del Govern es construir unos 10.000 pisos, un 20% de los anunciados en el plan para dotar a Catalunya de 50.000 nuevas viviendas sociales en 2030.

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