Mercado inmobiliario

La Generalitat compra por 72 millones 743 pisos a un fondo inversor para destinarlos a alquiler social

Los inmuebles pertenecían desde 2018 al fondo estadounidense Cerberus, que compró los activos tóxicos de BBVA tras la crisis financiera

Con esta operación, que ha sido posible gracias al derecho de tanteo y retracto, el Govern alcanza el millar de viviendas dentro del plan de crear 50.000 para 2030

Mapa | Aquí se encuentran los 743 pisos sociales comprados por la Generalitat a un fondo inversor

El Govern comprará en diciembre 450 viviendas de bancos para destinarlos a alquiler social

Manifestación en Barcelona a favor de la vivienda digna, el pasado verano.

Manifestación en Barcelona a favor de la vivienda digna, el pasado verano. / Marc Asensio Clupes

María Jesús Ibáñez

María Jesús Ibáñez

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La Generalitat ha comprado 743 pisos al fondo inversor Divarian Propiedad, que los iba a poner a la venta y en los que residen familias inscritas en el programa de alquiler social Reallotgem. La operación, ha destacado la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, "es la mayor compra de vivienda por tanteo y retracto que ha realizado jamás un Govern" y ha costado 72 millones de euros. Este paquete de inmuebles se suma a los 450 pisos que hace poco más de dos meses fueron adquiridos a ImmoCaixa, en ese caso por valor de 30,5 millones. En ambos casos, los pisos pasan a incorporarse al plan que prevé crear 50.000 nuevas viviendas asequibles para 2030.

"Este millar de pisos se sumará a los 4.000 que se encuentran ya en fase de producción, con lo que tenemos más de 5.000 viviendas en marcha", ha subrayado este miércoles Paneque, satisfecha por estar ya a punto de lograr el 10% del parque inmobiliario comprometido. La consellera de Territori ha indicado también que en los solares puestos a disposición de la Generalitat por los ayuntamientos, "se podrían poner también en marcha "otras 25.000 unidades, aunque en este caso hay que hablar con los promotores privados".

La empresa Divarian fue creada en 2018, cuando el grupo inversor estadounidense Cerberus Capital Management (que asumió el 80% del capital social de la compañía) decidió comprar una extensa cartera de activos inmobiliarios tóxicos que pertenecían a BBVA. En una primera fase, el banco se quedó con el 20% del capital de Divarian, pero tres años después, la entidad financiera presidida por Carlos Torres vendió su participación al socio estadounidense, que pasó a controlar el 100%, según han confirmado fuentes del banco a este diario. El pasado 31 de mayo, a su vez, Cerberus traspasó los activos de Divarian a su socimi Macc 1x1, que es la que gestiona los inmuebles de alquiler. 

"Al tratarse de viviendas que provienen de ejecuciones hipotecarias, la Generalitat tiene, por ley, el derecho a ejercer el tanteo y retracto y eso es lo que hemos hecho... Hemos tenido que actuar rápido y lo hemos cerrado esta misma semana", ha explicado la consellera. "Ahora tenemos tres meses para escriturarlos", ha dicho.

Familias vulnerables

Una de las condiciones que más ha convencido a la Agència Catalana de l'Habitatge para entrar en esta operación ha sido la distribución territorial de las viviendas ahora adquiridas, que se encuentran en municipios de todo el territorio catalán, desde las cuatro de La Seu d'Urgell y las seis de las Terres de l'Ebre hasta las 66 de Barcelona, las 77 de Terrassa, las 51 de L'Hospitalet y las 54 de Sabadell.

"Además -ha indicado Paneque- de esta manera generamos un ahorro de casi 6 millones de euros anuales, que es el dinero que la Generalitat pagaba a Divarian a cambio de que siguiera alojando a esas familias del programa Reallotgem". Este plan social, en el que actualmente participan unos 1.400 hogares, prevé que los inquilinos, personas que han pasado en una ejecución hipotecaria, pagan una mensualidad ajustada a su nivel de ingresos, que la Generalitat completa hasta el precio tope establecido por la ley, que es lo que percibe el propietario. Al pasar a ser de titularidad pública, ha destacado Paneque, "las personas que viven en los pisos ahora adquiridos quedan protegidas" y dejan de estar expuestas a posibles cambios de arrendadores. "Eso les aporta tranquilidad tras el viacrucis que casi todos estos hogares han pasado", ha dicho.