Catalunya necesita 20.000 pisos sociales al año para cubrir la demanda y solo construye 1.200

Hay municipios en Catalunya en los que no se ha construido vivienda de protección oficial (VPO) en las últimas cuatro décadas. Pasa, por ejemplo, en Calafell (Baix Penedès), una localidad que ha multiplicado su población por siete desde 1981 y que, desde entonces y hasta este mismo año, no ha visto levantar ni una sola nueva promoción de pisos públicos. El ritmo de construcción de vivienda social en Catalunya (y en el conjunto de España) cayó estrepitosamente tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Tocó fondo en plena crisis económica, en 2013, cuando el Gobierno central cerró el grifo de la financiación prevista en los planes estatales de vivienda, de tal manera que "mientras antes se construían unos 5.000 pisos protegidos anuales de promedio, en la última década se han estado haciendo una media de 1.200", afirmaba recientemente el economista Agustí Jover, en la presentación del estudio 'L'habitatge protegit a Catalunya: Un descoratjador viatge de 20 anys'. Esto significa, según recoge el mismo estudio, promovido por la Cátedra APCE-UPF Habitatge i Futur, que el ritmo de construcción de VPO en Catalunya se debería multiplicar por 17,5, hasta llegar a los 20.800 anuales que serían deseables en el año 2037.

Calafell descubre la vivienda de protección oficial: primera promoción en 43 años

"Cuando en los planes estatales desapareció toda opción de préstamo convenido, las administraciones se quedaron sin un instrumento básico para promocionar vivienda asequible, ni por venta ni por alquiler", constata el catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, José García Montalvo, en otro estudio elaborado por la Cátedra APCE-UPF sobre 'La promoción de vivienda en los planes estatales y los fondos Next Generation'. El análisis, firmado también por Josep Maria Raya y Carles Sala, daba cuenta de la insuficiencia de instrumentos y de presupuesto con que había topado la construcción de pisos sociales en Catalunya.

La construcción de viviendas en Catalunya registró en 2024 su mejor dato en 10 años, pero la rehabilitación no arranca

El presupuesto de la Generalitat para políticas de vivienda en 2024 fue de 492 millones, una cifra solo ligeramente superior a la de los ejercicios de 2017 y 2018, cuando el gasto público destinado a este ámbito fue de 481 millones, el mínimo histórico desde 1996. En esos dos años se destinó menos dinero público a vivienda y al fomento de la edificación en Catalunya que a "investigación militar, a otras actuaciones de carácter económico o al gasto destinado a alta dirección", recoge el estudio de Montalvo, Raya y Sala. En el caso de 2024, la partida es equiparable, por ejemplo, a los 404 millones que se destinaron a medios de comunicación.

El 30% de Barcelona

Tampoco parece haber funcionado mucho mejor el plan del Ayuntamiento de Barcelona de destinar a vivienda social un 30% de las nuevas promociones privadas que se construyan en la ciudad. Según los últimos datos del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, a partir de los visados de obras que se expidieron en 2024, de las 910 viviendas protegidas autorizadas, apenas una docena correspondió a la conocida como reserva del 30%. De hecho, este jueves el alcalde Jaume Collboni ha anunciado que antes de este verano estará lista la modificación de la reserva del 30% del suelo. "En estos momentos, el sector privado de la construcción está prácticamente detenido y esto hace que el 30% que debería salir de las promociones privadas tampoco exista. Creo que casi todos los grupos están de acuerdo en que esta normativa debe cambiarse, y soy optimista de que lo lograremos", ha dicho el primer edil en un almuerzo en el Círculo Ecuestre de Barcelona. 

Catalunya presenta un plan para que los municipios tensionados tengan un 15% de alquiler social en 2045

Los planes de la Generalitat de poner en el mercado 50.000 pisos de titularidad pública para 2030 son un buen inicio, aseguran los expertos, pero están lejos todavía de cubrir las necesidades. También lo es (un buen inicio) el proyecto de desplegar un plan territorial que permita construir, en el plazo de 20 años, nuevas viviendas de alquiler asequible en los municipios con áreas tensionadas, de modo que estas localidades dispongan de un parque mínimo del 15% de viviendas destinadas a políticas sociales, tal y como estaba ya previsto por ley desde 2007. Con esta medida, el parque de alquiler asequible llegaría al 9% en el conjunto de Catalunya, cuando en la actualidad, es del 1,5%.

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