Mercado inmobiliario

Expertos en vivienda alertan de que el régimen sancionador del Govern retirará aún más pisos del mercado del alquiler

El Sindicat de Llogateres reclama recursos para el despliegue de las nuevas condiciones y terminar con los abusos

Govern y Comuns pactan multar con hasta 900.000 euros a los que se salten la ley de vivienda

Dos personas observan los anuncios de pisos de alquiler en una inmobiliaria del barrio del Clot de Barcelona.

Dos personas observan los anuncios de pisos de alquiler en una inmobiliaria del barrio del Clot de Barcelona. / Jordi Cotrina

María Jesús Ibáñez

María Jesús Ibáñez

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La entrada en vigor del régimen sancionador de la ley de vivienda presentado este lunes por los Comuns, tras pactarlo con el Govern, podría tener un efecto perverso: los dueños de pisos pueden acabar retirándolos del mercado del alquiler convencional o de larga duración, "porque la inseguridad jurídica que se está generando en el sector es creciente y cada vez hay más pequeños propietarios que desisten para evitarse problemas", avisa Cristina Vallejo, abogada especialista en derecho inmobiliario y miembro del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). La experta, que celebra que finalmente el nuevo documento no tenga carácter retroactivo, "algo que preocupaba mucho", lamenta sin embargo que las medidas que se están adoptando en los últimos tiempos en materia de arrendamiento, "lejos de fomentarlo, lo están desincentivando". "Al no existir aún suficiente alquiler social, lo que deberían estar haciendo las administraciones es facilitar las cosas para que aumente el alquiler en el mercado privado", observa la abogada.

Por la parte de los inquilinos, el Sindicat de Llogateres ha reclamado a la Generalitat que dote de recursos a la Agència Catalana d'Habitatge para el despliegue de las nuevas condiciones. Su portavoz, Enric Aragonès, ha pedido agilidad para "sancionar los incumplimientos" y ha instado a regular los alquileres de temporada de una vez por todas.

También la Generalitat está convencida de que buena parte de los inmuebles que han dejado de ofrecer alquiler convencional se han pasado al alquiler de corta duración, esto es de temporada o por habitaciones, con lo que escapan a la medida de contención de precios fijada por la ley de vivienda. De hecho, el régimen sancionador presentado ahora, y que este martes pasará por el Consell Executiu, no solo prevé multas para quienes no respeten el límite de precios. También persigue el fraude de ley y trata de evitar que los propietarios se salten esos límites con contratos de temporada.

Pero otros expertos como José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), creen que sencillamente los dueños de pisos hasta ahora alquilados los están poniendo en venta. "Los propietarios que han gastado una suma importante de dinero en una vivienda se van al mercado de compraventa, entre otras razones porque tampoco el alquiler de temporada les ofrece garantías jurídicas en estos momentos", sostiene el profesor.

 En todo caso, ¿cuál debería ser el camino para evitar que haya cada vez menos oferta de pisos en alquiler en Catalunya? "Pues de entrada facilitando que la relación contractual entre arrendador y arrendatario sea equilibrada o asegurando que los procesos judiciales que se emprendan por impagos o por ocupaciones sean ágiles". En lugar de eso, critica Vallejo, "lo que se está haciendo es incrementar la sobrerregulación y las sanciones". En los primeros seis meses tras la entrada en vigor del límite al alquiler en Catalunya (la única comunidad autónoma que de momento aplica esta medida prevista en la ley de vivienda) la cifra de contratos de arrendamiento formalizados descendió un 21,46%. Esto significa que uno de cada cinco pisos que estaban en alquiler a principios de 2024 habían desaparecido tras el verano. 

En concreto, lo que hará este martes el Consell Executiu es aprobar modificaciones legislativas en la ley de vivienda de Catalunya de 2007 y en el Codi de Consum para que los contratos deban incluir cuál es su finalidad y se prevea como práctica abusiva que las rentas que pagan los inquilinos superen el 30% del índice de referencia que publica mensualmente el INE. También se considerará infracción cargar gastos de gestión al arrendatario.

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