Mercado inmobiliario
El 65% de los barceloneses que viven de alquiler destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la renta y suministros
Un estudio del instituto IDRA constata que, tras pagar el arrendamiento, la mitad de los inquilinos se quedan con poco más de 500 euros para pasar el resto del mes
El alquiler pulveriza otro récord en Catalunya: el precio medio ya es de 869 euros
María Jesús Ibáñez
María Jesús IbáñezPeriodista
Redactora en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA desde el año 2002. Especialista en Alimentación.
Vayan por delante cuatro datos. El primero es que siete de cada 10 personas que viven de alquiler en España están destinando más ingresos de los recomendados a pagar la renta y los suministros. El segundo habla de que más del 60% de los inquilinos en Madrid y el 80% en Barcelona se han mudado de piso en los últimos cinco años. El tercero: el 61,1% de las personas que llevan más de un lustro viviendo en el mismo piso de alquiler en Barcelona han sufrido subidas superiores a la actualización anual del IPC. Y, el cuarto, (aunque podría ser el primero) indica que el porcentaje de hogares en alquiler ha pasado del 13,5 % en 2007 al 18,7 % en 2023. Esta es la fotografía de situación de una realidad, la del mercado del alquiler, que vive uno de sus peores momentos en España por la inseguridad y por el estrés financiero que supone para los hogares acogidos a este régimen, según concluye el estudio 'Vivir de alquiler: inseguridad garantizada por ley' elaborado por el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA).
El origen del problema lo sitúan los investigadores del IDRA en 1985, con la aprobación del denominado 'decreto Boyer', que eliminó los contratos indefinidos. "Esta ley, como la de 1994, se aprobó bajo la premisa de que los alquileres indefinidos reducían la oferta, pero esta siguió cayendo durante dos décadas, hasta 2007. La tendencia solo cambió con el estallido de la burbuja hipotecaria", indica el estudio. Es justo lo contrario de lo que ocurre en países como Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, Suecia o Países Bajos, donde por norma general los contratos son indefinidos por defecto "y solo pueden rescindirse por una causa justificada, como que el casero o un miembro de su familia necesite mudarse a la vivienda".
La particular casuística española ha hecho que el gasto medio para pagar el alquiler haya aumentado un 27,7% entre 2015 y 2022. Cerca del 40% de los hogares inquilinos se encuentran en situación de sobreesfuerzo y destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler y gastos. "Este fenómeno es especialmente acuciante en las grandes ciudades, donde más del 50% de los hogares inquilinos destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler", señala el informe, que constata que el 69,7% de los inquilinos de Madrid y el 64,8% de Barcelona dedican más del 30% de los ingresos (el porcentaje recomendable) a los gastos de vivienda.
El informe del IDRA alerta asimismo de un riesgo que ya es real: la mitad de los inquilinos, afirman los autores, queda en situación de pobreza severa relativa tras el pago de la mensualidad a su casero, con menos de 561 euros de media por personas para el resto de gastos del mes.
Inseguridad que va a más
Y si la situación ya era de por sí complicada, en los últimos años se ha sumado un nuevo fenómeno, "una sustitución de los contratos temporales por alquileres de temporada, con una duración de apenas unos meses y mayores beneficios para caseros e inmobiliarias". Esto ha generado una situación que el instituto IDRA define como de hiperinseguridad.
La principal consecuencia de esa falta de protección ante los contratos temporales y las subidas de precio es "una alta inseguridad residencial, que ha provocado que seis de cada 10 inquilinos en Madrid y Barcelona lleven menos de cinco años en su vivienda". En el último lustro, más del 60% de los inquilinos en Madrid y el 80% de los de Barcelona se han mudado de casa, con todo lo que eso conlleva.
Así las cosas, los investigadores proponen medidas como la implantación de contratos indefinidos para el alquiler, algo que pasaría, por ejemplo, por adoptar una legislación similar a la de países como Francia y Alemania, con contratos renovables automáticamente, salvo en casos de necesidad por parte del casero o incumplimiento grave. "Esto proporcionaría mayor seguridad a los inquilinos y facilitaría la rehabilitación del parque inmobiliario", aseguran. También consideran necesario avanzar en una regulación efectiva de los precios del alquiler, "mediante un sistema de contención de rentas más integral". Ese índice de precios debería incluir, según propone el IDRA, "datos adicionales como el valor catastral, la renta familiar disponible y el desempleo en la zona, y debe contar con un régimen sancionador".
Finalmente, el equipo de expertos considera fundamental proteger el uso residencial de las viviendas, limitando el alquiler turístico, el alquiler de temporada y las viviendas compartidas o por habitaciones, "que permiten la evasión de la ley de arrendamientos urbanos (LAU) y aumentan la inseguridad residencial".
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