Catalunya debe multiplicar por 17 la construcción de vivienda protegida para cubrir la demanda

Cuando en 2013 se extinguió el plan de vivienda del Estado, dentro del paquete de recortes que impuso el Gobierno del momento, la construcción de pisos de protección oficial cayó en picado en toda España. Y Catalunya no fue una excepción, pese a que la Generalitat sí mantuvo sus aportaciones. "El ritmo de edificación de este tipo de viviendas decayó en un 75%. Mientras antes se construían a un ritmo medio de unos 5.000 pisos protegidos anuales, en la última década se han estado haciendo una media de 1.200", afirma el economista Agustí Jover, coautor del estudio 'L'habitatge protegit a Catalunya: Un descoratjador viatge de 20 anys'. Para revertir la situación y dar respuesta a las necesidades de pisos sociales de los próximos 14 años, hasta 2037, tendrían que estar saliendo al mercado una media de 20.866 viviendas cada año. O lo que es lo mismo, se debería multiplicar por 17,5 la producción actual, concluye el documento, encargado por la Cátedra APCE-UPF y presentado este martes.

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El plan de vivienda pública presentado hace un mes por el president de la Generalitat, Salvador Illa, es un buen paso con el que empezar, consideran tanto los redactores del estudio como Xavier Vilajoana, presidente de APCE, que agrupa a los promotores y constructores catalanes. "Si hay que buscar algún pero, creemos que sería necesario haber acompañado el plan con un programa financiero", ha objetado Miquel Morell, también economista y otro de los coautores del análisis, junto a Nil Ragàs.

Sea como fuere, Morell ha instado a actuar cuanto antes "por tierra, mar y aire". "Sabemos que el plan del Govern implica acelerar el ritmo a unos 7.000 pisos anuales, lo que nos sitúa aún lejos de los 20.800 necesarios", ha advertido Jover. "Lo que está claro es que hay que contar con el sector privado para conseguirlo", ha agregado por su parte Morell.

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"El problema no es la falta de suelo, que lo hay, sino cómo está distribuido este suelo, si se encuentra allí donde más falta hace", ha señalado el economista de la consultora Promoacsa. De hecho, según los datos de la propia Generalitat, en el registro de solicitantes de vivienda de protección oficial había en 2023 un total de 92.775 personas inscritas, de las que 73.772 se encontraban en la zona metropolitana de Barcelona. En ese ámbito territorial, la disponibilidad de pisos era de 52.626 unidades, lo que supone una ratio de 0,71 viviendas por petición. En el otro extremo, en las Terres de l'Ebre, la disponibilidad era de 27,05 pisos por familia.

Revisar el IVA y los cánones

"Necesitamos planificaciones urbanísticas más flexibles, después de que haya quedado demostrado que el sistema del 30% de reserva que se ha implantado en Barcelona no ha funcionado", ha proseguido Vilajoana, que ha lamentado que el modelo se esté extendiendo ahora hacia otros municipios catalanes. El impulso a la vivienda social pasa por la adopción de medidas como "la reducción del IVA para los constructores, la rebaja de los cánones que se han de pagar como el de derechos de superficie o la mejora de los créditos del Institut Català de Finances, el ICF, que ahora tienen un interés del 2,95%", ha propuesto el presidente de APCE.

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Para Josep Maria Raya, profesor de Economía Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y director de la cátedra, "lo que hace falta es una línea exprés para poder en marcha en el menor tiempo posible el mayor volumen posible de proyectos, especialmente los más grandes". El tiempo que ahora se demoran los expedientes urbanísticos, las licencias de edificación y la propia obra (que no se suele hacer en menos de dos años) suponen otro escollo para paliar el déficit actual de vivienda, han coincidido todos los ponentes en la presentación.