Catalunya presenta un plan para que los municipios tensionados tengan un 15% de alquiler social en 2045

El Consell Executiu ha aprobado este martes un decreto para desplegar un plan territorial que permita construir, en el plazo de 20 años, nuevas viviendas de alquiler asequible en los 140 municipios acreditados como zonas tensionadas. El propósito es que a partir del próximo 1 de enero y hasta 2045, estas poblaciones, entre las que se encuentran todas las capitales catalanas, dispongan de "un parque mínimo del 15% de viviendas destinadas a políticas sociales, tal y como estaba ya previsto por ley desde 2007. Con esta medida, "el incremento del parque de alquiler asequible llegaría al 9% en el conjunto de Catalunya", ha indicado el Govern. En la actualidad, solo el 1,5% de los pisos son protegidos en esta comunidad, lo que implica que el objetivo pasa por multiplicar por seis la oferta actual.

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"Estamos asumiendo de forma prioritaria el acceso a la vivienda, convirtiéndolo en un ámbito estructural y no en una cuestión puntual o un mero anuncio", ha defendido la portavoz del Govern y consellera de Territori, Transició Ecològica i Habitatge, Sílvia Paneque, que ha destacado que para ampliar el parque de vivienda accesible se busca un "equilibrio" entre la titularidad pública y la colaboración con el sector privado. "Si no somos capaces de llegar al 15% será difícil conseguir una contención de rentas de alquiler para toda la ciudadanía", ha advertido Paneque.

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El proyecto del Govern, que incluye la posibilidad de que los municipios incluidos en las áreas de demanda residencial fuerte, puedan mancomunarse para trabajar de modo coordinado, prevé también una reserva de suelo para pisos de protección pública, de manera que el 50% del techo se califique para uso residencial de nueva implantación en zonas urbanizables delimitadas y que ese indicador sea del 40% cuando se trate de suelo urbano no consolidado, con la posibilidad de reducir, en este caso, hasta el 30% cuando haya el riesgo de que la promoción no sea viable económicamente. La mitad de estas reservas se tendrán que destinar, como mínimo, a régimen de arrendamiento.

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Así las cosas, los municipios afectados por el nuevo decreto, tendrán que aprobar dos planes reglamentarios adicionales: uno de rehabilitación, para mejorar el parque social ya existente, y otro específico de equilibrio territorial para conseguir el porcentaje del 15%, también denominado de solidaridad urbana. Los ayuntamientos disponen de dos años para adaptar sus respectivos planes locales de vivienda a estas disposiciones. Además, en colaboración con la Generalitat, podrán poner en marcha programas de inspección de edificios para detectar si hay pisos desocupados y para determinar si hay propietarios que pueden verse afectados por estas medidas.

Además de las de nueva construcción, la norma aprobada este martes por el Consell Executiu prevé que se incluyan al parque de viviendas sociales todas aquellas de protección oficial cuya calificación esté vigente o en trámite equivalente y las promovidas por operadores públicos, de precio intermedio entre la vivienda de protección oficial y la vivienda del mercado libre. También quedan afectadas las viviendas de titularidad pública o privada gestionadas por administraciones, los alojamientos dotacionales, las viviendas privadas de alquiler administradas por redes de mediación social, las de inserción gestionadas por la Red de Viviendas de Inclusión, las de acogida de personas inmigradas, refugiadas o solicitantes de asilo, las privadas de alquiler sujetas al régimen legal de prórroga forzosa y las pertenecientes a empresas destinadas a sus trabajadores.