Los promotores avisan de que hay que duplicar la construcción de pisos para cumplir los planes de Illa

Hay que acelerar el ritmo, construir más y más rápido, y hay que hacerlo "en aquellos lugares en los que hay una demanda acreditada y realmente se necesita". La Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE) valora positivamente el paquete de medidas sobre vivienda anunciado este miércoles por el president Salvador Illa, en tanto que "toda acción encaminada a incrementar la oferta" es siempre bienvenida. Pero la entidad avisa también de que el plan debe "estar acompañado de una dotación presupuestaria suficiente", debe contemplar "fórmulas de colaboración público-privada realistas y efectivas" y debe dar, en suma, respuesta a las "necesidades de nuevos hogares, que el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge en Catalunya cifra en 25.000 nuevas viviendas al año".

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Habida cuenta de que en la actualidad, se están construyendo en torno a las 15.000 casas nuevas anuales, "arrastramos un déficit de 10.000", lejos pues de las previsiones, constata la entidad. "Esperamos que el anuncio del president no corra el riesgo de quedar en una declaración de buenas intenciones, como ha sucedido en el pasado", advierte la APCE. En todo caso, "es el sector promotor constructor privado el que tiene la maquinaria para poder llevar a cabo esta labor, ya que la estructura productiva de la administración por sí sola no podrá asumir este reto", recuerda.

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Hay que hacer más

Bastante más críticos se han mostrado los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) catalanes y el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), que consideran que las medidas propuestas por Illa van a resultar insuficientes para solucionar un problema que se ha convertido en una emergencia. "Para poner un símil, es como intentar apagar un incendio forestal con cubos de agua", ha ejemplificado Jaime Palomera, director del área de Vivienda y Ciudad en IDRA. "Es una buena noticia, pero hay que entender que es una medida que no soluciona el problema, no enfriará los precios", agrega.

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Con el presupuesto que el Govern destinará a ese plan, 4.400 millones de euros en cuatro años, "la administración pública podría, por ejemplo, comprar viviendas ya existentes pero que se encuentran vacías", propone Palomera, que destaca que "sería una solución más sostenible y mucho más económica que la de ponerse a construir vivienda nueva". El experto subraya, asimismo, que la cifra de 50.000 viviendas que se propone edificar la Generalitat en los próximos años "coincide, exactamente, con las que están actualmente en el mercado turístico, que, si cambiaran de usos, permitirían tener una oferta estable de alquiler".

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Para el portavoz de la organización API, Carles Sala, el número de viviendas anunciado por Illa ayudará a incrementar el parque de vivienda pública, que ha recordado en España "está a la cola" de Europa, con apenas un 2% de vivienda social frente al más del 30% de Países Bajos o el 20% de Francia, pero será "absolutamente insuficiente" en el horizonte del 2030. Sala ha aprovechado para reprochar a la Generalitat que centre sus esfuerzos en el control de las rentas al considerar que "el problema no se soluciona señalando con el dedo a los propietarios".

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