Ley de vivienda
Barcelona lanza un aviso relacionado con la inversión en vivienda
Las presiones a las promotoras desplazan la oferta de la capital a los pueblos de su corona
El Periódico
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Desde 2018, el Ayuntamiento de Barcelona obliga a destinar un 30% de las viviendas de la ciudad a uso social (en nuevas construcciones y en rehabilitaciones), sin compensar a las promotoras, algo que la propuesta de 'Ley estatal por el derecho a la vivienda sí que contempla.
El sector inmobiliario español espera a que el Ejecutivo la apruebe a finales de este año, pero en la capital catalana los promotores miran de lejos cómo llegan unas modificaciones que ya están teniendo efecto desde 2018.
Faltan, y faltarán, pisos
Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE), advierte en 'El Economista' que desde la entrada de la ley impulsada por el gobierno de Colau la inversión se ha mudado a la primera corona metropolitana, que crece a un ritmo superior al 30% interanual. Los constructores buscan alternativas como Málaga, Valencia o Madrid, y el país tiene el ojo puesto en Portugal, que aplica una política fiscal agresiva para acoger inversiones extranjeras.
De momento, la ley catalana de la vivienda tampoco está consiguiendo sus objetivos. Los precios de los alquileres ni se han reducido de forma significativa ni está aumentando la oferta. Y según apunta el estudio 'Estimación de la demanda solvente de vivienda nueva en Cataluña y sus provincias', el escenario actual sitúa la producción muy por debajo de la demanda.
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