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EL PROBLEMA DE LOS PISOS SOCIALES VENDIDOS A INVERSORES

Rescatados de los buitres

La movilización vecinal salva a una familia de Carabanchel amenazada de desahucio por el fondo Blackstone

Un acuerdo in extremis permite a los Encinas permanecer en su vivienda

Angustia 8Zara, la mujer de Fernando Encinas, en su casa, a la hora fijada por el deshaucio, ayer.

Angustia 8Zara, la mujer de Fernando Encinas, en su casa, a la hora fijada por el deshaucio, ayer. / JOSÉ LUIS ROCA

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MANUEL VILASERÓ
MADRID

Un pacto de última hora forzado por la movilización de los vecinos y su eco mediático salvó ayer de quedarse en la calle a Fernando Encinas, su mujer y su hija Claudia, de tres años. El fondo buitre Blackstone, representado por la inmobiliaria Fidere, había fijado su desahucio para las 11.45 horas pero se avino a ofrecer a la familia una alternativa en forma de contrato. Sus condiciones aún son duras«impropias de una vivienda social», como destacó la asociación de vecinos, pero Encinas decidió admitirlas. «No puedo estar con esta tensión permanente con una niña pequeña y que cualquier día me quede sin mis cosas y mi casa», explicó, sin la menor alegría, tras cerrar el acuerdo con sus caseros.

La familia vive desde hace años en una casa del modesto barrio madrileño de Carabanchel promovida por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid. Pagaba una renta mensual de 420 euros, no muy lejana del precio de mercado de la zona para un piso de unos 50 metros cuadrados. Cuando tenía algún problema con el recibo «siempre se arreglaba con el EMVS», pero desde que entró Fidere se acabaron las contemplaciones.

Se quedó en paro y empezó a acumular deuda. Intentó negociar, pero nada. La empresa municipal, que vendió en total 1.860 casas públicas al fondo buitre estadounidense, argumenta que le ha ofrecido el primer piso que haya «disponible» de su red de viviendas sociales, adaptado «a su caso y a sus circunstancias» económicas.

Es la misma solución que ha dado el municipio a casos similares. Tras privatizar sus pisos, cuando hay un problema, responde el ayuntamiento con su dinero.

Dinero solidario

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Encinas, como otros afectados, no quiere esta solución. Además de la incertidumbre que conlleva («vete a saber cuántos meses tardarían y donde me la darían», señala), cree que está en su derecho de quedarse. «Era una vivienda pública por la que ya hemos pagado lo suficiente como como para que fuera nuestra. De hecho lo sería si nos hubiesen dejado ejercer la opción de compra que nos prometieron», señala.

Con el pacto que cerró ayer, tendrá que abonar un alquiler 499 euros. Un aumento del 15%, pequeño al lado del 42% que han exigido a otros vecinos. Pero además tendrá que abonar 50 euros al mes durante el primer año para saldar la deuda, 80 el segundo y 100 el tercero y el cuarto. No está seguro de poder, pero cuenta con su familia y el fondo solidario que han creado los vecinos con la venta del calendario en el que 14 de ellos aparecen desnudos. Los mismos que ayer se arremolinaron en su puerta por si era necesario planta cara.