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No debe ser fácil ocupar estos días la piel de Damià Calvet. El ‘conseller’ de Territori i Sostenibilitat tiene sobre la mesa un asunto espinoso, el de la regulación de las licencias de alquiler de vehículos con conductor, las denominadas VTC, que implica a la vez a uno de los gremios más ruidosos y combativos de los últimos tiempos. El taxi, por supuesto. Este jueves se ha escrito un nuevo capítulo, más de calentamiento que de ejecución o decisión. La cosa gorda viene el viernes, cuando se supone que el Govern debe concretar, o eso esperan los taxistas, si obliga a los clientes de Uber y Cabify a solicitar sus servicios con horas de antelación. Su muerte en vida, aunque las compañías dicen tener un plan: la Constitución.

La patronal de Uber y Cabify se defenderá del taxi con la Constitución (leer noticia)