Ir a contenido

Antes de desenvainar el acero, porque el caso se lo merece, un breve resumen. A Dolors Puig, de 83 años, la echan del piso en el que ha vivido durante 60 años, que se dice pronto. Vive en Sant Antoni, un barrio que empequeñece el sonado caso de gentrificación de Cuesta Verde, ya saben, el barrio residencial de Poltergeist, construido sobre un cementerio indio. Cada expulsión tiene su historia, y esta, la de Dolors, Lola o Loli (porque de todas las maneras la llaman) tiene un giro narrativo inédito. No ha podido subrogarse el alquiler de su esposo, Conrado, fallecido en diciembre del 2015, porque la primera titular del alquiler, su suegra Aurelia, no pudo en 1958 firmar en su día el contrato de arrendamiento por ser mujer. Con la ley en la mano, el juez interpreta que a Dolors no le alcanza la cadena de subrogaciones posibles y que el multipropietario dueño de la finca tiene así vía libre para echarla, lo cual, así de sopetón, plantea la cuestión de que si la justicia consiste solo en leer la letra de la ley, el día menos pensado sustituirán a los jueces por una ‘app’ telefónica.

Sant Antoni, no faltan pisos, falta ética (leer noticia)