La primera reunión entre Aena y las administraciones catalanas concernidas por los proyectos de ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat acabó con el Gobierno de la Generalitat alineado, junto a ayuntamientos como los de Gavà y Castelldefels, en el compromiso de no dificultar que se hagan realidad las inversiones para potenciar el complejo aeroportuario siempre que se den determinadas condiciones. En frente, los alcaldes de Barcelona y El Prat de Llobregat insisten en que, si no se demuestra lo contrario, la ampliación es inviable. Hasta el punto de insinuar, como hizo el alcalde de El Prat, que la UE nunca autorizará la ampliación, por motivos ambientales, y que todo se reduce a buscar un responsable para acabar decidiendo por concentrar toda la inversión en Barajas, convertido en hub único de conexiones internacionales. Algo que sería nefasto para la economía catalana pero que no parece que coincida con política que ha seguido la empresa responsable de gestionar los aeropuertos españoles desde que los planes ultracentralizadores de los gobiernos del PP dieron paso a la apuesta por el conjunto de la red aeroportuaria española, con Barcelona como segundo gran hub.

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