Trasvase Tajo-Segura: Alicante, Murcia y Almería, en pie de guerra por el recorte de caudal

El aumento del caudal del Tajo para diluir la contaminación del río castellano-manchego, producto del vertido de aguas mal depuradas de Madrid, tiene en pie de guerra a Alicante, Murcia y Almería. Su economía depende de la continuidad del trasvase Tajo-Segura.

Tras tres años de continuos desencuentros por la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de subir el caudal ecológico del río Tajo (lo que reducirá a la mitad el agua que llega a la cuenca del Segura), la vicepresidenta Teresa Ribera se ha comprometido a revisar la decisión antes de llevarla al Consejo de Ministros. Se trata de un área autoproclamada como ‘la huerta de Europa’ con 200.000 hectáreas de cultivos y repartida entre Murcia, Alicante y Almería.

Más allá de las guerras políticas que también envuelven el caso, el futuro del trasvase Tajo-Segura depende directamente del cambio climático y la necesidad de velar por la biodiversidad, pero ello choca con las acuciantes necesidades agrícolas del sureste español.

Nadie duda que el río Tajo está contaminado, pero el debate se centra en determinar las causas: no circula suficiente agua en su cauce o éste recibe millones de litros de agua contaminada desde uno de sus afluentes, el madrileño Jarama, al que Madrid vierte sus aguas residuales. Este caudal derivado al Tajo dejará de llegar a Alicante, Murcia y Almería, por lo que debería sustituirse por agua desalada, lo que requeriría más plantas desaladoras, poco sostenibles, según sus detractores, y muy caras al funcionar mediante energía eléctrica. El Gobierno ha anunciado 500 millones para abaratar el agua desalada y 900 millones para mejorar el tratamiento de las aguas residuales de Madrid. ¿Será suficiente?

El recorte del trasvase deberá ser sustituido por desaladoras, que son caras y poco sostenibles

El recorte del trasvase Tajo-Segura, tras aprobarse la elevación de los caudales del río en Aranjuez y Toledo, donde aplauden la medida por el mal estado del río, no solo va a forzar el abandono de 27.000 hectáreas de cultivos rentables en la provincia de Alicante y el despido de 6.000 trabajadores, sino que provocará un agujero de unos 3.000 millones de euros. Es la cantidad correspondiente a los créditos en los que están embarcados los agricultores que planificaron inversiones (balsas, maquinaria, naves, etc.) en base a un agua que no llegará, según apunta Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura.

Se trata de una deuda millonaria a la que se suman los 18 millones de euros del ‘tasazo’ (por mantenimiento de los canales pase el agua que pase y que también pagan los ayuntamientos) y el porcentaje que pagan por el agua para obras en Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Desde 1979, los regantes de Alicante y Murcia llevan pagados 500 millones de euros. Es una aportación que ahora también se va a reducir, obviamente, al llegar menos agua. Los regantes abonan unos 15 millones de euros al año. Hasta 1998, la recaudación iba directamente al Estado, pero a partir de aquel año el dinero se lo reparten la autonomías cedentes del agua para sufragar, precisamente, obras hidráulicas en su territorio. Es decir: se paga por el agua y, además, una compensación ambiental.

La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, cuyo departamento afirma que el cambio climático compromete el futuro del trasvase, se ha comprometido a estudiar a fondo durante los próximos tres meses los planes hidrológicos del Tajo y el Segura antes de llevarlos a su aprobación en el Consejo Nacional del Agua y, posteriormente, al Consejo de Ministros en el mes de octubre.

La Confederación del Tajo tiene aprobado ya subir caudal ecológico del río de 6 m3/segundo a 8,52 m3/segundo, lo que significa, según Lucas, el comienzo de la cuenta atrás para el final del Tajo-Segura. La sustitución del agua del trasvase por desalada provocaría un aumento del precio de entre el 20% y el 130%, según los afectados.

El proyecto pone en riesgo, según los técnicos de las instituciones alicantinas, el 2,8% del Producto Interior Bruto (PIB) de España (3.000 millones de euros) y el 3,7% del empleo nacional (106.000 puestos de trabajo). Los técnicos que asesoran a los regantes insisten en la fuerte factura energética que supondrá la sustitución del agua del trasvase por desalada. Mientras que mover un metro cúbico de agua del Tajo (1.000 litros de agua) necesita 1,21 kw/hora, la producción de ese mismo metro cúbico de agua desalada del mar representa el consumo de 4,32 kw/hora. El aumento de los caudales ecológicos del Tajo, aprobado por la confederación hidrográfica de esta cuenca, se traducirá en un recorte de 105 millones de euros de metros cúbicos para regadío.

La infraestructura del trasvase se planteó hace 43 años para dotar con 421 hectómetros cúbicos al levante español, incluyendo abastecimiento de la población y regadíos. Este volumen se estableció a partir de las necesidades medidas de población y hectáreas de cultivo. Ninguno de estos parámetros ha variado significativamente en este tiempo. Sin embargo, nunca ha llegado ese volumen de agua, y la media en estos años no supera el 50% de los volúmenes totales. Los meses en que los pantanos de cabecera de Entrepeñas y Buendía no cumplen con el volumen de almacenamiento fijado en las reglas de explotación para cada mes no se trasvasa nada. Ya existen unas reglas definidas y ajustadas a las necesidades.

La Generalitat de Ximo Puig ha acudido 40 veces a los tribunales en defensa del trasvase Tajo-Segura desde que se convirtió en presidente de la Generalitat en 2015, lo que equivale a una vez cada mes y medio, bien con el Gobierno de Mariano Rajoy o bien contra el Ejecutivo que presidente el socialista Pedro Sánchez.

Del total de ocasiones en las que ha recurrido a la justicia, tres son procesos directos contra el Ejecutivo en los que el Consell ha sido el demandante con un recurso directo contra el Ministerio para defender los intereses de los regantes. Además, ha participado otras 35 veces en procedimientos relacionados con otras administraciones, como, por ejemplo, personándose en 25 procedimientos contra Castilla-La Mancha para oponerse a recortes de los caudales que llegan a través de este acueducto.

También hay un proceso contra el Ayuntamiento de Toledo y otras nueve veces la Generalitat se ha mostrado a favor de recursos presentados por los regantes o avalando procedimientos con Murcia o Andalucía.

Unos tres mil agricultores, empresarios y vecinos de Alicante participaron en mayo en la plaza de la Montañeta de Alicante, enclave simbólico donde está la sede de la Subdelegación del Gobierno para mostrar el hartazgo y entonar el ‘Basta Ya’ por una decisión que no se sostiene «ni técnica ni socialmente» como asegura el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

«El Tajo se muere»

La visión en Castilla-La Mancha, comunidad cedente del agua es diametralmente opuesta: el Tajo se muere por la contaminación y «en Levante se pueden arreglar con agua desalada del mar», sostienen desde el presidente García-Page hasta los ecologistas de dicha comunidad.

El 50 aniversario de la prohibición del baño en el Tajo ha vuelto a disparar las críticas en Castilla-La Mancha. «El trasvase es un anacronismo tan brutal que cada día chirría más a la comunidad científica y al sentido común», según la concejala de Obras y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, que ha condenado el nuevo trasvase mensual de 20 hectómetros cúbicos aprobado desde Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura.

«El trasvase es un anacronismo tan brutal que cada día chirría más a la comunidad científica y al sentido común», afirman desde Toledo

«Necesitamos ese agua para que se regenere de forma natural el río, necesitamos ese agua para la vida», señala. Por su parte el director general de la Real Fundación Toledo, Eduardo Sánchez Butragueño, ha criticado esta nueva derivación de agua para el mes pasado, la cual ha calificado de «barbaridad», ya que estamos en un año en el que hay un récord histórico de no precipitaciones en la cuenca del Segura. «Es una locura», sentencia.

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura, subraya, sin embargo, que «para este Gobierno el cambio climático se circunscribe a la cabecera del Tajo. En ningún otro punto de España, en ninguna otra cuenca se han subido los caudales. Hay que invertir en una buena depuración del agua, por ello reclamamos justicia y que apliquen los mismos criterios a todos en el país, porque, si no es así,llegará la ruina para el levante».

Jiménez cree que el «Ministerio cede ante el presidente castellano-manchego, porque grita más que nosotros y lanza mensajes que rozan la injusticia, de muy mal gusto. Parece que el Ministerio está dispuesto a asumir todo esto para satisfacer los intereses políticos del presidente de Castilla-La Mancha», añade.

Agua contaminada que llega desde Madrid

Por su parte, el presidente de Asaja, José Vicente Andreu, incide en que «no hay justificación alguna para intentar reducir los caudales que llegan hasta aquí basándose en unas pretensiones que no existen» porque «el alto Tajo está perfectamente equilibrado y el agua es de buena calidad. El problema que tiene es la mala depuración del agua que viene de Madrid; el Gobierno no puede aprobar dos planes de cuenca que son contradictorios. Hay que encontrar un equilibrio entre ambos. La desalación es un complemento, pero no puede ser nunca la alternativa», porque «es contaminante y tiene un precio que los agricultores no podemos pagar y no podemos competir», añade Andreu.

El posible fin del trasvase se cobraría 180.000 empleos directos. La Cámara de Comercio de Alicante analizó en profundidad tres escenarios temporales. Dos en los que se contemplaba la clausura del trasvase, en 2015 o en 2030, y un tercero en el caso de que se establezca una reserva de 600 hm3 en los embalses desde donde parte la canalización a partir de la cual no se trasvasaría agua. Los investigadores incluyeron en el cálculo final de la posible reclamación económica al Gobierno por la figura del lucro cesante. Éste se produce cuando un rendimiento cierto o más que probable se deja de percibir como consecuencia de actos de terceros.

La cancelación de derechos y concesiones sobre los caudales del Tajo-Segura llevaría aparejada la necesidad de recurrir a otras fuentes de recursos con costes más elevados, o al abandono de aquellas actividades que no pudieran asumir el incremento de costes. En este sentido, el estudio consideró que el lucro cesante de la derogación en 2015 hubiera sido de 10.733 millones de euros para la agricultura de regadío; en el abastecimiento alcanzaría los 1.227 millones. A estas dos cantidades habría que haber añadido otros 9.170 millones en pérdidas directamente relacionadas con patrimonio (tierras que dejarían de cultivarse).