El fin del sueño petrolero de España

España lleva décadas soñando con el oro negro. La esperanza de ser menos dependiente del exterior en materia de hidrocarburos (petróleo y gas) ha motivado la incesante búsqueda de recursos en el subsuelo nacional, tanto en mar como en tierra firme. En 1964 brotó por vez primera petróleo en España, concretamente en la plataforma de Ayoluengo (Burgos). El máximo de producción alcanzado jamás se logró pocos años después, en 1975, con más de dos millones de toneladas (dos yacimientos).

Pero ni siquiera esa cantidad garantizó el autoabastecimiento. Lo obtenido en España ha representado siempre un complemento anecdótico para satisfacer la demanda nacional. De los dos millones de toneladas del 75 se pasó al medio millón en 1998. Y en los últimos años la caída es en picado. En 2018 fueron solo 87.000 toneladas y los datos de 2019 rayan ya en lo irrelevante: 40.000 toneladas. Son cifras que representan una parte infinitesimal (inferior al 0,1%) del total de crudo que se consume en España. Todo lo demás llega de fuera.

Además, la recuperación ya es imposible. Y ello es así porque el Estado, comprometida con alcanzar el cese de emisiones de efecto invernadero para 2050, no tiene otro remedio que ir poniendo fin a esta actividad. Y en ello está, para desesperación de la industria, que ve amenazados muchos puestos de trabajo.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética será la encargada de cincelar el epitafio del petróleo en el cementerio de las energías sucias, donde ya reposan los restos del carbón, el otro gran contaminante. Se trata de una norma que se encuentra en tramitación parlamentaria y será la guía para una nueva forma de producir energía. Más renovables y, consiguientemente, más empleos en el sector de las energías limpias.

El Ministerio es claro y recuerda que España está obligada a frenar el calentamiento global, de acuerdo con los compromisos internacionales: «Retrasar decisiones supondría asumir más riesgos, más costes y más injustamente distribuidos, y renunciar a oportunidades de modernizar nuestra economía y nuestra sociedad». Así lo afirma el proyecto de ley, que recuerda que el objetivo es depender cada vez menos del carbón y el petróleo y, en cambio, tener más potencia renovable. «La previsión es que la intensidad energética primaria de la economía española mejore anualmente en un 3,5% anual hasta 2030», pero la «dependencia energética del país, que era del 74% en 2017, se estima que descenderá al 61% en el año 2030 por la caída de las importaciones de carbón y petróleo», añade el departamento de Teresa Ribera. Esa situación será posible por «la transición hacia una economía más eficiente y basada en tecnologías renovables». Para lograrlo, se movilizarán 200.000 millones de euros entre 2021 y 2030.

2042: el año de la nueva era

La misma ley, de hecho, fija el año en que ya no podrá funcionar ninguna de las explotaciones de petróleo y gas actualmente activas. Será en 2042. El texto ministerial prevé que las concesiones de explotación que están actualmente en vigor sigan activas, a través de prórrogas, hasta el 31 de diciembre de ese año como mucho.

Ahora bien, el mismo proyecto de ley prevé mecanismos que pueden permitir a las empresas, en determinados casos, llegar a explotar yacimientos incluso en 2050. Alguna entidad conservacionista, como Ocean Care, se ha mostrado crítica con ello y explica: «Si una empresa gasista o petrolera que dispone actualmente de un permiso de exploración diera con un yacimiento de petróleo o gas que quisiera explotar y solicitara al Gobierno la correspondiente autorización de explotación, el Gobierno estaría obligado a darle una nueva concesión», explica el portavoz de la entidad, Carlos Bravo. Y, dado que la normativa prevé que el plazo de concesión inicial es de 30 años, ello supondría que «seguiría habiendo explotación de hidrocarburos más allá de 2050».

«Eso es una incongruencia cuando España quiere alcanzar la neutralidad climática en 2050», afirma Bravo, quien tampoco ve justificado dar prórrogas a las industrias actualmente activas hasta 2042. Según él, debería cesar la actividad al expirar la vigencia original de cada autorización.

En general, las entidades conservacionistas quieren que se cancelen todos los proyectos  de sondeos y prospecciones que aún no tienen permiso de explotación concedido, puesto que no han generado derechos indemnizatorios y el Estado no debería afrontar gastos por esa cancelación.

Actualmente, en las costas españolas hay activas varias concesiones para explotar gas y petróleo que funcionan desde hace años. En el Cantábrico, frente al País Vasco, hay tres concesiones en vigor. En aguas de Huelva hay dos más y, finalmente, en el Mediterráneo, existe otra más: la plataforma Casablanca, frente al Delta del Ebro.

Aparte de las que ya existen, ha habido una verdadera nube de peticiones de sondeos en todo el litoral durante los últimos años para buscar nuevos yacimientos. Pero tras una cascada de protestas (también del sector turístico) durante la década anterior, hoy sobrevive solo un proyecto de prospecciones en las costas españolas: los previstos frente al Delta del Ebro. Se trata de ampliaciones de lo que ya tiene en explotación la plataforma Casablanca.

Las cifras de producción caen en picado y nunca han sido relevantes

El problema es que esas zonas ‘ampliables’ de la actual explotación penetran ligeramente en el corredor de cetáceos que discurre frente al Levante español de norte a sur. Es una zona que goza de protección nacional e internacional desde hace pocos años. Aunque sea solo una pequeña esquina la que se solapa con dicho corredor, Bravo alerta de los peligros que los sondeos acústicos (consisten en ‘cañonazos’ de ruido bajo el mar) representa para especies muy sensibles al ruido submarino, puesto que basan su supervivencia en los sonidos que emiten y con los que se comunican. Es el caso de los cetáceos, los cuales «pueden sufrir graves lesiones en su aparato acústico y quedarse sordos, lo cual es letal para ellos, y en muchos casos terminan muriendo y varando en la costa». Son detonaciones que alcanzan los 265 decibelios.

Ahora bien, el fin del petróleo y el gas (tanto si se hace efectivo en 2042, en 2050 o unos pocos años más allá) no es del gusto de todos. La patronal ACIEP, que agrupa a las empresas del sector, los sindicatos CCOO y UGT, así como el Colegio de Ingeniros de Minas y los directores de escuelas de ingeniería de minas emitieron recientemente un comunicado en el que salen en defensa de la investigación de hidrocarburos en España.

«Hoy por hoy, la electricidad no puede sustituir de manera inmediata a los hidrocarburos. Es necesario contar con fuentes de energía que respalden a las renovables», señalan estas organizaciones. Para ellas, ningún debate sobre el tema «puede soslayar las posibilidades de autoabastecimiento de los yacimientos de gas natural y petróleo que puedan existir en nuestro país, ni obviar que, en la economía global, condenar a la industria española a competir con gas importado y con mayores emisiones que el producido localmente, es condenar su futuro acrecentando la huella ecológica que hoy se pretende reducir».

La presidenta de ACIEP, Margarita Hernando, afirma que en el caso del gas, la producción local en España ayuda a reducir las emisiones, dado que la huella de carbono es menor que si se importa: «La producción de gas natural en España evitaría un 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero si se compara con el gas procedente de Argelia a través de gasoducto y un 84% si se compara con el procedente de América en buques metaneros», señala.

El debate sigue abierto, pero el oro negro ya no reluce en España.

Te puede interesar: <strong>El ocaso del carbón en España</strong>