Ecoembes: 20 años sin éxito

Los ecologistas acorralan al monopolio que gestiona el reciclaje en España con investigaciones que desmontan sus datos de reciclaje y exigen transparencia sobre la actividad

Ecoembes: 20 años sin éxito
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El Periódico

En España se recicla el 70% de los envases». «Yo lo tiro todo a la basura porque lo del reciclaje es mentira, luego lo mezclan todo». Estas dos ideas representan las actitudes más optimistas y las más negativas hacia el reciclaje que se escuchan en nuestro país. La primera la repite Ecoembes desde hace una década en anuncios y reportajes. La segunda, cualquiera que no tenga interés en saber para qué sirve el contenedor amarillo. Y las dos son verdad y mentira a la vez, porque sólo reflejan una parte del largo y complicado proceso que empieza cuando una bolsa con envases entra en el container del plástico.

Lo único seguro después de 23 años de convivencia con el cubo de color chillón es que sólo esta empresa sabe realmente cuánto se recicla en España. Y que hay enormes cantidades de plástico, que fue vendido por el fabricante y pagado por el consumidor como «reciclable», que acaban desaprovechadas en vertederos, ardiendo en naves y vallados o contaminando ecosistemas terrestres y marinos en este y otros países. Los ecologistas han dicho basta y exigen cuentas, luz y taquígrafos.

 

Ecoembes, el SIG

Ecoembes es una sociedad anónima sin ánimo de lucro, tan privada como opaca, que tiene el monopolio de la gestión del reciclaje de envases de un solo uso desde que los fabricantes, obligados a organizar la transformación en materia prima de los productos con impacto ambiental que introducen en el mercado, optaron por cumplir con la ley de envases de 1997 con la creación de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) frente a su alternativa, el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), es decir, 'devolver el casco' para reutilizarlo. «Cualquier empresa que distribuya o fabrique envase doméstico o ligero debe poner un SDDR, con lo que debería recuperar sus botellas, o adherirse a un SIG, y dejar en sus manos que la recupere. Sale más barato lo último», explica Julio Barea, responsable de plásticos en Greenpeace España.

Mediante el SIG, se centraliza la recuperación de materiales de plástico, aluminio y cartón en un ente cuya misión es asegurarse de que los recipientes sirven para fabricar otros nuevos tras un complejo proceso de recuperación y reciclaje que, además, sólo ocurre si el comprador separa la basura en casa.

Los fabricantes lo crearon y lo dirigen, por lo que son la vez jugadores y árbitro. Greenpeace, en su demoledor informe publicado en octubre 'Ecoembes miente', señala que en el consejo de administración del SIG se sientan representantes de Coca-Cola, Mercadona, Danone, Procter&Gamble y otras once compañías cuya logística y modelo de negocio dependen en gran medida de que los productos se introduzcan y viajen en recipientes hechos con estos materiales. Unas 12.000 empresas de la alimentación y el hogar respaldan con sus aportaciones toda su actividad.

Así, la entidad es una muñeca rusa de productos, marcas, empresas, grupos y asociaciones sectoriales cuya facturación representa una importante porción del PIB español. «Ecoembes está formado por las mismas marcas que nos inundan de plástico y que lavan su imagen tras esta entidad, aparentemente, ecologista», zanja Greenpeace.

Ecoembes dice que se recicla el 70% de los envases, pero el dato refleja sólo una parte de la cadena

Los vasos de yogur, los botes de detergente o tetrabricks de leche vacíos adheridos al SIG llevan el logotipo de dos flechas en un círculo, llamado Punto Verde. El sello certifica que su fabricante ha previsto su reciclaje y que colabora en el proceso de recuperación. Para llevarla a cabo, el SIG cobra una cantidad a las empresas por cada recipiente que introducen en tiendas y grandes superficies. Cuando cobrador y pagador son los mismos, «son las propias empresas quienes cuantifican cuánto vale reciclar sus envases», lo que «explica la descompensación que hay entre el coste real de lo que cuesta recuperar y reciclar materiales y su impacto y huella ambiental, que no se paga realmente», denuncia la ONG.

¿Su presupuesto anual? «Estamos ante 500 millones de euros al año, de todos los consumidores, en manos de una sociedad anónima que cada ejercicio tiene la obligación legal de dejar sus cuentas a cero», explica el ambientólogo Alberto Vizcaíno en su libro recién publicado Contenedor Amarillo SA.

Barea explica que «ese dinero se destina en su mayor parte a pagar a los ayuntamientos por usar los servicios de limpieza municipales» para trasladar el contenido del container amarillo a una planta de clasificación de envases. El pago no cubre el coste de recoger todos los restos de este tipo, en opinión de Barea, y se produce tras «negociaciones durísimas entre concejales y los abogados de Ecoembes, que se los comen». Varios ayuntamientos gastan más en limpieza de envases de lo que cobran de Ecoembes, según se expone en el informe de Greenpeace, algunos, como Las Palmas, hasta tres veces más de lo que reciben del SIG. Aquí se produce la primera ruptura de cifras: según el documento, Ecoembes no se responsabiliza de lo que no llega al contenedor, aunque se trata de recipientes que llevan el logo del Punto Verde: el consumidor, a través del pago al fabricante, ha cubierto el reciclaje de esas latas y botes que acaban, con suerte, enterradas en el vertedero municipal. «Cualquier envase es de su propiedad», remarca Barea.

El ambientólogo madrileño apunta que en la capital el 85% de los envases llegan al contenedor gris, y sólo el 15% al amarillo, un porcentaje similar al que presentan municipios asturianos.

Aunque nos refiramos a ello como «tirar al reciclaje», ese proceso mágico sólo se produce al final de una cadena que apenas comienza con los camiones descargando en las playas de plantas de envases. Esa cantidad indeterminada de residuos recuperados se separa por tipos de material. «No todo lo que se recupera en un planta de clasificación de envases se recicla», recuerda la ONG en su informe, extremo que Vizcaíno explica con el hecho de que la maquinaria busca principalmente piezas grandes y uniformes y que los envoltorios más pequeños, estadísticamente, son carne de rechazo. Como esos envoltorios de chicle, envases monodosis y otros artículos de menos de 10 centímetros de diámetro que ostentan el círculo con las flechas.

Con la información de los ecologistas en la mano, el 74,6% de la ya pequeña porción de envases que llegan a este punto del proceso son expulsados de la cadena de reciclaje y enviados a vertedero o incineración. El resto, sale empacado en balas de las plantas y se adentra en el mundo de los gestores de residuos tras ser subastado por el SIG a empresas homologadas, también por Ecoembes. Greenpeace resume así lo que  ocurre a continuación: «Van pasando por distintos gestores y se mezclan con otros flujos de residuos de distinta procedencia, como industria o supermercados. Cada gestor se queda con aquello que le es rentable económicamente y el rechazo va pasando al siguiente en la cadena de reciclaje. Es en este punto donde Ecoembes y las administraciones pierden la trazabilidad de una parte importante de los residuos de envases». Los ecologistas sostienen que es imposible saber qué porcentaje de los residuos acaba convertido en materia prima. «No existe una cifra concreta de toneladas recicladas anualmente», resume la ONG en Ecoembes miente.

Los envíos a Malasia y otros países, los incendios de plástico recuperado sin salida de mercado en empresas homologadas y los vertidos y enterramientos ilegales en parajes de todo el país se producen en gran parte porque nadie puede seguir los flujos salvo Ecoembes. No toca el material, pero supervisa todo el proceso. Según los ecologistas, los datos que publicita son meras fotografías de momentos concretos de la cadena donde las cosas van bien para ellos, como si ilustrara una paliza de 1 a 5 con su único gol. Una práctica consolidada que esconde 23 años de fracaso medioambiental y éxito de marketing, al que dedica un 10% de su presupuesto.

Ecoembes no acepta preguntas y a quien quiera contrastar la versión ecologista le remite a un comunicado. En él, advierte del riesgo de «desincentivación del reciclaje» que causa un informe con  «información falsa, intencionada y muy alejada de la realidad en España». Y asegura que su actividad está auditada, sujeta a sanciones por la Administración y comprometida con «reducir la generación de residuos y reciclarlos cada vez más y mejor».

¿Duda? Haga periodismo. Si una fuente dice que llueve y otra que no, abra la ventana y mire a su alrededor: ¿Hay menos envases en su entorno  y se recogen mejor?

 

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