Dos traductores de la policía serán juzgados por extorsión este lunes

La Audiencia Provincial de Madrid da inicio este lunes al juicio en el que dos traductores contratados por la Policía están acusados de extorsión y revelación de secretos, y en el que el martes está prevista la declaración como testigo del excomisario José Villarejo.

La sección quinta de la Audiencia arranca el juicio en el que dos traductores están acusados de delitos continuados de revelación de secretos y extorsión; y en el que también se sentará en el banquillo un empresario acusado de revelación de secretos y cohecho.

El fiscal solicita para los dos primeros ocho años de prisión, y para el tercero ocho años y medio, además de una multa por simulación de delito.

Entre los testigos previstos figura, además de Villarejo, que comparece mañana, el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y el comisario y exasesor de María Dolores de Cospedal Andrés Gómez Gordo, procesados a su vez en el caso Kitchen, donde la Audiencia Nacional ha investigado el presunto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas y en el que el juez ha propuesto juzgar también a la cúpula del Ministerio del Interior en 2013, incluido su titular Jorge Fernández Díaz.

Los hechos que comenzarán a juzgarse en la audiencia madrileña se remontan a 2013, cuando ambos intérpretes estaban contratados por la Dirección General de la Policía a través de la empresa Seprotec para traducir conversaciones incautadas en una investigación sobre el empresario acusado.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, en 2014 ambos trataron, presuntamente, de extorsionar al empresario, exigiéndole dinero por darle información sobre esa causa. Éste denunció en abril de ese año y luego, ya en agosto, presentó una nueva denuncia en los juzgados madrileños, "si bien en este momento ya lo hizo a sabiendas de que los hechos no se ajustaban a la verdad y que no era víctima de delito alguno".

Para esa fecha el empresario había advertido a un traductor para que cambiara de teléfono porque había denunciado, tras decidir "instarles a que le dieran continua información de la investigación judicial que ya conocía se dirigía contra él, a cambio de dinero", según el Ministerio Público.