Las víctimas de tráfico acusan a los partidos de "devaluar" la reforma penal

Las víctimas más vulnerables de los accidentes de tráfico, en especial los colectivos ciclistas, lograron en septiembre del año pasado que el Congreso aceptara por unanimidad promover el endurecimiento del Código Penal en los accidentes de tráfico. Pero un año y dos meses después, el texto final pactado por los grupos parlamentarios ha “decepcionado” a sus impulsores, que se sienten “engañados” por la mayoría de sus señorías al haber “devaluado” su propuesta hasta convertirla prácticamente en “ineficaz”.

La reforma debe ser aprobada este martes por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Los colectivos pugnan porque se produzca una rectificación de última hora, aunque lo ven díficil. “Las presiones de las compañías aseguradoras y el Ministerio de Justicia han hecho mella en algunos partidos y el margen de mejora es escaso. Espero que lo paguen en las elecciones y así lo denunciaremos en su día”, se explaya Francisco Canes, presidente de la asociación de víctimas de accidentes DIA.

La esperanza de Ciudadanos

El secretario general de la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP), Alfonso Triviño, el jurista que ha liderado las negociaciones con los partidos, cree que la única posibilidad de revertir la situación es que Irene Rivera, la diputada de Ciudadanos que siempre les ha “apoyado” fuerce votaciones que arrastren al PP, porque “los socialistas han cambiado de criterio por presiones del Ministerio de Justicia”. Rivera es piloto de helicópteros de la DGT y desde el primer día se ha mostrado muy sensibilizada por la protección a las víctimas, que ella a conocido en su día a día. 

El icono de esta lucha, Anna González, la viuda del ciclista Óscar, que consiguió presentar más de 200.000 firmas en apoyo de la campaña #PorUnaLeyJusta, ha lamentado en redes sociales el corto alcance del endurecimiento penal. “Lo mire por donde lo mire, no hay por donde cogerlo” decía la pasada semana. Otro día criticaba cómo los partidos habían pugnado por la paternidad de la iniciativa en un momento “patético” de un debate sobre seguridad vial.

El excampeón Perico Delgado también ha lanzado una dura crítica en su blog ‘El Mazo de Perico’ en la que asegura que el colectivo se siente “traicionado” por el partido socialista.

Las imprucencias menos graves

¿Cómo se ha decafeinado la propuesta inicial? La clave residen en las denominadas "imprudencias menos graves".  Actualmente los jueces apenas aplican este concepto porque ni siquiera están definidas. Los magistrados acaban considerando casi todos los accidentes imprudencias leves, que desde la reforma del 2015 están excluidas de la jurisdicción penal para recaer en la civil.

Allí las víctimas no tienen apoyo del fiscal y del forense, ni el proceso es gratuito, con lo que la mayoría acaban desistiendo ante el regocijo de las aseguradoras que pagan indemnizaciones a la baja.

#PorUnaLeyJusta propone que todos los accidentes que se deban a una infracción de tráfico que cause muerte o lesiones sean considerados al menos imprudencia menos grave, pero los parlamentarios han incluido solo los casos en las que lesiones sean invalidantes, que incapaciten de por vida a la víctima. “Un conductor parte las piernas a un ciclista o un peatón porque se salta un semáforo y eso no sería objeto de causa penal”, ejemplifica Triviño.

No es cuestión de penas

No se trata tanto de que al conductor se le imponga una pena más importante (la imprudencia menos grave estaría penada con un máximo de 18 meses de multa, nunca prisión) sino que la víctima esté bajo el manto protector de la jurisdicción penal. En el 90% de los casos las lesiones no son invalidantes.

Pero las quejas no acaban aquí. Otro punto de la reforma es el aumento del límite máximo de la pena por la imprudencia grave, ahora de cuatro años.  También se ha descafeínado.  El texto acordado establece que para que el límite sean 6 ó 9 años debe tratarse de un accidente de “gravedad notoria”, un concepto indefinido que queda en manos de la interpretación del juez, También se pone como condición que exista, como mínimo, “un fallecido y dos lesionados graves”.

#PorunLeyJusta propone que cuando el conductor supere los límites penales de alcohol o drogas las penas peudan llegar hasta los seis años. Así de simple.

La fuga es el último capítulo de esta historia. La nueva norma crea la figura de este delito, como se solicitaba,  pero lo vincula a la causa del siniestro. “Nosotros queremos una fuerte sanción, de entre dos años y un día y cuatro años de cárcel, cuando se provocan lesiones graves o la muerte porque sino estamos dando carta blanca para que se fugen los que circulaban borrachos porque la sanción que les recaerá es menor que si se hubiera quedado y se le hubiera practicado la prueba de alcoholemia”, explica Triviño.