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CONSEJO DE MINISTROS

Multas de hasta 300.000 euros por las negligencias de las concesionarias de autopistas

El Gobierno endurece las sanciones para evitar que se repitan colapsos como el de la nevada del pasado enero

La nueva norma da cobertura legal a los desvíos de camiones como los de las N-340 en Tarragona

Manuel Vilaseró

El control de peaje de la AP-6 durante la nevada que atrapó a miles de conductores.

El control de peaje de la AP-6 durante la nevada que atrapó a miles de conductores. / EL PERIÓDICO

Los expedientes abiertos contra Abertis, la concesionaria de la autopista A-6 por su actuación durante la nevada del pasado enero concluirán con una sanción máxima de 31.200 euros. Para evitar que situaciones caóticas como ésta salgan tan baratas, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley en el que se aumentan las multas en los casos de negligencia que causen "perjuicios significativos" a los automobilistas en cantidades que pueden llegar hasta los 300.000 euros. Miles de conductores quedaron atrapados con sus coches hasta 20 horas la madrugada del 6 de enero en la vía de peaje que conecta Ávila y Segovia con Madrid.

"Se trata de actualizar y contextualizar el régimen sancionador para que sea proporcional al daño causado a los conductores", ha argumentado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que ha justificado la urgencia de la decisión en "la proximidad en la aplicación de los planes de vialidad invernal por parte de las sociedades concesionarias".

Infracciones muy graves

El decreto modifica la ley de carreteras para que este tipo de infracciones pasen a considerarse muy graves, con lo que la cuantía impuesta podría oscilar entre 15.000 y 300.000 euros. Con la normativa vigente, la máxima sanción que podía recaer en el concesionario era de 15.000 euros.

En el expediente sancionador aún en tramitación, se considera que las filiales del grupo Abertis vulneraron en dos puntos la ley de carreteras por lo que la multa ascenderá previsiblmente a 30.000 euros, más otros 1.200 ya impuestos en virtud de la ley de autopistas.

Los desvíos de camiones

El decreto, denominado "de medidas urgentes" en materia de carreteras, da cobertura legal también a los desvíos de camiones hacia autopistas de peaje como los recientemente establecidos en la N-340  a su paso por Tarragona. El texto establece que podrán decretarse "por razones de seguridad vial o medioambientales" y se acompañaran con "distintas bonificaciones a los transportistas" cuyo coste correrán a cargo de la Administración del Estado. El ministerio se cura en salud ante las posibles demandas judiciales anunciadas por algunas asociaciones de camioneros por los desvíos de la N-340. 

Completa el decreto, una disposición también destinada a dar cobertura legal a otra actuación del Ejecutivo: la explotación de los peajes de las radiales de Madrid, que han vuelto a ser propiedad del Estado tras la quiebra de las concesionarias.

Fin de tres concesiones

Aprovechando esta medida, Ábalos ha confirmado una vez más su decisión de no prorrogar los tres contratos de concesión de autopistas que vencen en la presente Legislatura. El próximo día 30 concluye la concesión de la AP-1 entre Burgos-Armiñón, cuyo titular es Itinere. Los tramos de la AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante, y el de la AP-4 Sevilla-Cádiz, ambas del grupo Aberits vencen en diciembre de 2019.

"No vamos a prorrogar las concesiones que vencen en la actual legislatura. Serán liberadas y de uso gratuito", ha afirmado Ábalos, quien ha invitado a que, en paralelo, las formaciones políticas reflexionen sobre la sosteniblidad de la red viaria general y en particular de las vías de alta capacidad.

El pago por uso

"Es la única infraestructura de transporte que se pretende gratuita, cuando ninguna lo es. En el caso de los aeropuertos y puertos se pagan tasas, en las vías del tren se pagan cánones, pero en las carreteras no contribuye ninguno de los agentes que las utilizan y, por lo tanto, las causan un daño", apuntó el ministro. Es el debate sobre la denominada euroviñeta, que la Generalitat de Catalunya quiere imponer por su lado, y que Ábalos propugna sea adoptada con el consenso de todos los partidos políticos,

Con este objetivo el grupo parlamentario socialista promueve una subcomisión en el Congreso. Ante este debate, Ábalos pone una condición por delante: el nuevo sistema debe ser "igualitario para todo el país, sin que incluya discriminaciones entre territorios" como ocurre con la actual distribución de los peajes.