Los VTC sostienen de que transferir las licencias a las autonomías vulnera la Constitución

"Los próximos días puede llegar a consumarse una gravísima lesión de derechos fundamentales por parte de los poderes públicos", advierte Unauto, la patronal de los vehículos de transporte con conductor (VTC), en una carta que la mañana de este miércoles ha entregado al Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó.

En la carta, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la entidad que representa a los dueños de coches de Uber y Cabify describe tres preceptos constitucionales que, en su opinión, serían vulnerados si el Gobierno finalmente transfiere a las Comunidades Autónomas la gestión de las licencias de taxi y VTC.

Este miércoles se reune el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con los gobiernos autonómicos en la Conferencia Nacional de Transportes. La reunión es extraordinaria y tiene como único objeto, precisamente, estas transferencias, que el sectetario de Estado de Infraestructuras y Transportes, Pedro Saura, prometió al sector del Taxi el pasado lunes.

En su carta al Síndic de Greuges, Unauto le comunica que "las licencias VTC son licencias de ámbito nacional para la prestación de transporte discrecional de viajeros de ámbito supra-autonómico", y que el artículo 149 de la Constitución atribuye al Estado "la competencia exclusiva" para "regular los transportes cuyo ámbito territorial exceda de una Comunidad Autónoma".

Inconstitucional

Para Unauto no es constitucional un traspaso de la gestión a comunidades y ayuntamientos que restablezca el equilibrio 1/30 entre VTC y taxis, como el Gobierno ha prometido a los taxistas. "Limitar las licencias VTC estableciendo una nueva contingentación/limitación municipal o autonómica atentaría contra el artículo 9,3 de la Constitución", dice la carta al Síndic de Greuges, pues se produciría, en opinión de la patronal VTC, "una privación de derechos individuales obtenidos conforme a la Ley".

Unauto abunda en su escrito de queja en que la transferencia y la consiguiente limitación de licencias VTC "supondría una expropiación de derechos que no podría llevarse a cabo si una indemnización previa". Unauto sospecha que Fomento pretende "obviar toda compensación y, sencillamente, dejar [las licencias] sin efecto por la vía de requerir una nueva autorización imposible de obtener". Eso es, de hecho, según la patronal, lo que hacía el reglamento actualmente suspendido del Área Metropolitana de Barcelona.

La petición de amparo de Unauto ante el Defensor catalán apunta a un futuro de recursos ante el Tribunal Constitucional, pues aún alude a un tercer precepto más de la ley fundamental que ve en peligro de vulneración: el derecho a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 24. La patronal de los coches de Uber y Cabify sostiene que atentarían contra él las "medidas dirigidas a propiciar la revocación de las autorizaciones VTC ya reconocidas por sentencia firme". Se refiere a licencias obtenidas en fallos judiciales que forman "una abundante y unánime jurisprudencia".

La Generalitat catalana ya ha adelantado su predisposición a asumir las competencias que Fomento pretende transferir. Unauto ruega al Síndic de Greuges que "les recuerde a los poderes políticos catalanes su deber de respetar el marco constitucional vigente".

Violencia

La asociación de VTC comunica a Rafael Ribó su "creciente preocupación e inquietud" por los "recientes acontecimientos relacionados con la huelga del sector del taxi en diversas ciudades españolas, especialmente por los violentos acontecimientos que han tenido lugar en Barcelona", y se muestra preocupada por "las posibles consecuencias que la presión y amenazas de este sector puedan tener sobre la estabilidad del actual marco jurídico que regula el alquiler de vehículos con conductor".

En opinión de Unauto, el sector del Taxi ha "optado por la vía de la presión en las calles" para exigir a Fomento un traspaso de competencias estatales a los ayuntamientos "con el objetivo declarado de que puedan, con mayor facilidad, cercenar los derechos reconocidos de los operadores de VTC".

La carta al Síndic de Greuges valora que, con "un mal entendido derecho de huelga", se está intentado "doblegar a las instituciones y tribunales con amenazas", como "colapsar ciudades, puertos e incluso nuestras fronteras". Unauto exige que sus trabajadores "puedan ejercer su derecho fundamental sin sentirse amenazados ni coaccionados y sin ver peligrar su inegridad físical y moral".