Los derechos de más de 120.000 españoles en Reino Unido, pendientes del Brexit

A apenas cinco meses de la ruptura oficial entre Reino Unido y la Unión Europea, una de las mayores preocupaciones para los 127.920 españoles residentes al otro lado del Canal de la Mancha es qué ocurrirá con sus derechos como ciudadanos europeos en el momento en que dejen de ser extranjeros de primera en uno de los Estados miembros que conforman la Unión.

Ante la posibilidad de un “hard Brexit”, las libertades de las que todo ciudadano europeo goza por su condición de ser nacional de un miembro de la UE -libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales- podrían desaparecer porque “Brexit is Brexit”, como en más de una ocasión ha afirmado la Primera ministra Theresa May.

Publica una carta del lector

Pero vayamos a la esencia de este gran proyecto de paz que es la UE: el estatus de ciudadano europeo que ahora, cuando nos acercamos al precipicio, intenta ser blindado con una Iniciativa Ciudadana Europea, para que esa situación no desaparezca, aunque el Estado al que pertenezca el individuo deje de formar parte del club comunitario.

Residencia permanente (Settle Status)

Settle Status¿Qué ocurrirá con los 3 millones de europeos en suelo británico que ahora mismo pueden, entre otras cosas, residir y circular libremente en toda la UE o ejercer su derecho al voto activo y pasivo en elecciones locales y europeas? Que no cunda el pánico, porque no serán deportados si residen de forma regular en dicho país.

Algunas de las respuestas a las preguntas más frecuentes publicadas por la Comisión Europea en diciembre de 2017 recogen que, una vez completados cinco años de residencia legal en Reino Unido, contando con el periodo previo al Brexit y el transitorio (entre el 29 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020) se podrá solicitar un nuevo estatuto permanente en Reino Unido. De dicho trato se desprende que no habrá una fecha límite a partir de la cual se extingan los derechos.

Existen dos formas para realizar el trámite:

Aunque aún no se ha abierto el plazo de solicitud, se prevé que el Gobierno británico lo haga a finales de 2018 en un proceso que terminará en junio de 2021. Actualmente, se ha empezado a aplicar como proyecto piloto, para probar el software, a ciertos grupos, como estudiantes universitarios o empleados de salud.

Todas aquellas personas que gocen de protección al amparo del acuerdo de retirada mantendrán sus derechos y su estatuto definitivo. Sin embargo, en el caso de Reino Unido, el nuevo estatuto de residencia permanente se extingue si una persona se ausenta del Estado de acogida durante un periodo ininterrumpido de más de cinco años.

Según informan desde la Asociación The3Millions, entidad sin ánimo de lucro que se dedica a defender los derechos de los europeos residentes en el país, en caso de que no haya acuerdo, y no se firme el de retirada, el estatus de asentamiento se aplicaría porque de todas formas habría que documentar a los europeos residentes antes de marzo de 2019 para diferenciarlos de los que entren posteriormente de acuerdo con las nuevas leyes migratorias que el Gobierno británico decida aplicar.

En esta misma línea, The3Millions defiende que en el caso de residentes actuales o con anterioridad a marzo de 2019, la posible ausencia de un acuerdo con la UE devaluaría el estatus de asentamiento porque ya no formaría parte de un tratado internacional entre la Unión y Reino Unido. Además, el Settle Status se adaptaría a la legislación interna británica sin garantías de que Reino Unido aplicase concesiones recogidas en el acuerdo de retirada como la reunificación familiar, una ausencia del país de hasta cinco años sin perder dicho status u ocho años amparados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La singularidad de Gibraltar

En España, y en particular Andalucía, se está muy atento a la definición final del borde entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, puesto que la otra frontera terrestre que quedaría con la UE sería la que separa la provincia de Cádiz con Gibraltar. Las rencillas diplomáticas entre España y Reino Unido, a propósito del posible escenario futuro del Campo de Gibraltar cuando se efectúe el Brexit, exige, a ambos lados de la verja, una especial comprensión desde Bruselas, Madrid y Londres.

Según datos oficiales del Gobierno de Gibraltar, The Rock genera más de 7.000 puestos de trabajo para españoles que cruzan diariamente la frontera procedentes de localidades gaditanas como San Roque o La Línea de la Concepción, donde el paro roza el 30%, frente al técnicamente inexistente de Gibraltar, un 0,5%. Las estadísticas muestran que 13.121 personas cruzan cada día el paso para trabajar en el Peñón. Dicha cifra era de 12.356 trabajadores a finales de 2016, lo que implica un aumento del 6,2% en el primer semestre del año.

Además, este territorio de ultramar contribuye al Campo de Gibraltar con una cifra que se encuentra entre los 847 y los 1.000 millones de libras al PIB de dicho lugar. Wherever it may be, it will be, Peñón o al otro lado del Canal de La Mancha, lo que sí es cierto es que lo único que cabría son acuerdos posteriores en el marco de uno comercial que no se limite a la libre circulación de mercancías, sino que contemple también a trabajadores, como así lo establecen tratados de libre comercio con países terceros como Canadá o Marruecos.

No obstante, cabe aclarar que, al ser una competencia comunitaria, el acuerdo con Reino Unido deberá ser realizado con la UE, no solo con España, lo que supondrá una mayor dificultad ya que, una vez firmado, deberá ser ratificado por todos.

En cualquier caso, son tantos los intereses recíprocos y las “solidaridades de hecho” asentadas en estos 45 años de vida en común (32 para los españoles), que no es esperable el escenario de ruptura total de la relación. But we still haven’t found what we’re looking for.

¿Y si todo esto solo ha sido una pesadilla?

La paciencia de los británicos se acaba. No solo porque el arrepentimiento sobrevuela especialmente los tejados de las casas londinenses, como Mary Poppins, sino porque son multitudinarias las manifestaciones a favor de un segundo referéndum para votar el acuerdo de salida definitivo.

Todo ello, si no estamos ante un hecho reversible. Justo lo que ha preguntado en cuestión prejudicial el Tribunal de Sesiones de Edimburgo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Varios movimientos ciudadanos y diputados del Parlamento británico piden que se vuelva a someter a votación el deseo de dejar o no la Unión. Vista la premura del caso, el TJUE lo ha colocado en la vía rápida y conoceremos su parecer el próximo 27 de noviembre. Los españoles, como todos los europeos, nos mantendremos expectantes.

Estas reflexiones emanan del Trabajo Fin del Máster en Estudios Europeos de la Universidad de Sevilla de la periodista Clara FajardoBelow is The Conversation's page counter tag. Please DO NOT REMOVE.

End of code. If you don't see any code above, please get new code from the Advanced tab after you click the republish button. The page counter does not collect any personal data. More info: http://theconversation.com/republishing-guidelines

{"zeta-legacy-red-text":{"text":"<a href=\"https:\/\/theconversation.com\/profiles\/marycruz-arcos-vargas-580123\" rel=\"nofollow\">Marycruz Arcos Vargas<\/a>, Directora Centro de Documentaci\u00f3n Europea,\u00a0<em><a href=\"http:\/\/theconversation.com\/institutions\/universidad-de-sevilla-3480\" rel=\"nofollow\">Universidad de Sevilla<\/a><\/em>"}}

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.