El PSC denuncia un “alud de quejas” en la empresa municipal de agua de Terrassa y el gobierno Ballart lo niega

La gestión de Taigua, la empresa municipal de agua de Terrassa (Vallès Occidental), vuelve a estar en el ojo del huracán tras más de un año de la implementación de las nuevas “tarifas progresivas”. El PSC, principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento, ha denunciado este martes 18 de febrero "graves deficiencias en la atención al cliente, atribuyéndolas a problemas con el nuevo sistema de gestión económica y comercial de la compañía".

Su portavoz, Javier García, ha advertido de un "colapso" en el servicio debido a fallos en el sistema, asegurando que “numerosos vecinos” han trasladado su frustración por la falta de respuesta y el encarecimiento de las tarifas. "Lo vemos reconocido por la propia empresa en informes públicos", ha señalado.

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Por su parte, el Ayuntamiento de Terrassa y Taigua han negado "rotundamente" que exista un colapso en el servicio y han calificado las denuncias de "exageradas y alarmistas". "Es cierto que hubo incidencias iniciales, pero fueron abordadas de manera rápida y eficaz", aseguran fuentes municipales.

Según el PSC, la situación se agravó tras la reestructuración tarifaria de noviembre de 2023, la primera en una década. El cambio, impulsado por el gobierno de Jordi Ballart (TxT) con el argumento de responder a la inflación y la sequía, eliminó la tarifa lineal y estableció un modelo basado en el consumo. Como resultado, se multiplicaron las quejas y reclamaciones ciudadanas.

Para hacer frente a la sobrecarga, Taigua contrató en julio y agosto de 2024 un servicio externo de atención telefónica por 17.000 euros, medida que el PSC considera un parche insuficiente. "Queremos saber si ya se han normalizado los procesos de facturación y si se han desplegado todas las funcionalidades de los distintos canales de atención ciudadana, especialmente la oficina virtual", ha exigido García.

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Los socialistas también denuncian un alto nivel de absentismo en la plantilla de atención al cliente, cifrado en un 11%, lo que, a su juicio, perjudica la calidad del servicio. Además, alertan de que el nuevo sistema de gestión comercial, que supuso una inversión de dos millones de euros, llevó a la empresa a declarar un "estado de emergencia interna de nivel 2", con impacto en la tesorería y la operativa del suministro.

"Nos preocupa que esta crisis haya provocado desatención en situaciones de emergencia, como cortes de suministro a personas vulnerables o retrasos en la reparación de averías", ha añadido García, acusando al gobierno municipal de minimizar la gravedad del problema.

Según el consistorio, el estado de emergencia interna decretado en marzo de 2024 fue una medida preventiva para evitar un deterioro del servicio, pero se levantó en septiembre tras corregir los problemas y mejorar los estándares de atención. Asimismo, defienden que la contratación del 'call center' externo no respondió a una crisis, sino que fue "parte de un proceso de mejora continua".

En cuanto al absentismo, el Ayuntamiento reconoce que supone un desafío, pero insiste en que "en ningún caso ha comprometido la calidad del servicio". Además, asegura que se han implementado medidas para optimizar las condiciones laborales y reforzar la atención al ciudadano.

"Seguimos trabajando para garantizar un servicio de agua eficiente y transparente en Terrassa", concluyen desde el equipo de gobierno.