El mundo local se une para defender la gestión pública del agua

Una cuarentena de representantes del mundo local se han reunido este 31 de mayo en Terrassa (Vallès Occidental) para defender la gestión pública del agua.

Municipios como Barcelona, Girona, Sant Cugat del Vallès o Vilafranca del Penedès han escenificado la unión de fuerzas para reclamar poder decidir desde los ayuntamientos y otros entes locales qué tipo de gestión del servicio de agua es más favorable para sus ciudadanos, y denuncian el embate judicial que las empresas privadas llevan a cabo para mantener el servicio en sus manos a partir de lo que consideran un ahogo de la administración.

En este sentido, aseguran que trabajarán de manera colectiva para poner los intereses colectivos de las localidades y sus vecinos por delante de los beneficios económicos.

Un servicio libre y democrático

Los representantes municipales han encontrado en un punto emblemático de la ciudad de Terrassa, el mítico depósito de aguas de Can Boada, y que corona una ciudad que en 2018 cambió la gestión privada del servicio de agua por uno de municipal.

El encuentro ha sido una muestra de fuerza de los líderes locales, desde alcaldes hasta presidentes de consejos comarcales de toda Catalunya, que han querido poner de manifiesto las dificultades que se han encontrado a la hora de querer hacer el paso que hace más de dos años hizo la ciudad anfitriona.

"Pedimos una normalidad política, que en Catalunya se pueda decidir el futuro de un servicio libre y democráticamente", señala el presidente de la Asociación de Municipios y Entidades por el Agua Púbica, Eloi Badia. En este sentido, denuncia "actitudes agresivas" por parte de las empresas privadas que asumen a día de hoy las concesiones, que han presentado contenciosos y querellas independientemente del color político que gobierna el municipio que plantea la municipalización del servicio.

Combatir a la empresa privada

Es el caso que ha expuesto la segunda teniente de alcalde de Barcelona, Janet Sanz, que explica cómo encontraron dificultades cuando plantearon que la ciudadanía pudiera votar el modelo de gestión de agua que quería a través de un reglamento de participación. "Agbar ha trabajado intensamente para que la ciudad de Barcelona no pueda llevar a cabo un planteamiento de gestión pública en un servicio esencial", señaló.

En este sentido, advierte que ante bienes escasos como el agua o la vivienda, las empresas privadas "entran en el mercado para especular y ganar beneficios", haciendo uso de los conflictos judiciales para obstaculizar la acción municipal.

Estas actuaciones, apuntan los alcaldes, ahoga los consistorios, tanto los grandes como los pequeños, que optan por cobijarse bajo el paraguas de entidades superiores como los consejos comarcales para sacar adelante iniciativas de este tipo.

"Las judicializaciones tienen un nombre, abuso de derecho", advirtió la teniente de alcalde de territorio y Sostenibilidad de Terrassa, Lluïsa Melgares. En este sentido, ha animado a los municipios a seguir haciendo piña para combatir las empresas privadas y apostar firmemente por una gestión pública del agua.

Manifiesto conjunto

Los participantes han hecho público un manifiesto contra las judicializaciones derivadas de las acciones municipales para recuperar el control público del servicio. En el documento, exigen que se respete las decisiones tomadas desde los ayuntamientos, elegidos de manera democrática por la ciudadanía.

"En el caso de municipios pequeños, con poco personal y recursos limitados, esta actitud hostil de los operadores privados tiene un efecto intimidatorio", señalan en el documento,. Esta situación hace que en muchas ocasiones se opte por aplazar las gestiones por el gasto económico y de tiempo para sus trabajadores que supone.

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