Terrassa y Sabadell se oponen a la reclamación de Endesa por la deuda de pobreza energética

Los Ayuntamientos de Terrassa y Sabadell han recibido una carta de Endesa donde la compañía reclama a ambos consistorios el copago al 50% de la deuda de las familias con pobreza energética que no han podido pagar la factura. Los respectivos gobiernos municipales han mostrado su oposición y han pedido un frente común de las ciudades que hayan recibido la carta, entre las que también están Lleida y Girona.

En la misiva que ha recibido el gobierno egarense, a la que ha podido acceder EL PERIÓDICO, la suministradora reclama al Ayuntamiento la mitad de la deuda contraída por las familias vulnerables, que equivale a 461.276 euros. También alerta de que, en caso de que no se abone la cantidad estimada, a partir del 1 de octubre, se iniciarán “los procedimientos de suspensión de suministros establecidos por la normativa”.

Endesa se atiende al Real Decreto 897/2017, que, según Endesa, "establece un procedimiento de suspensión del suministro para las compañías eléctricas" y, a su vez, expone la posibilidad de evitar el corte de los suministros cuando la “administración autonómica o local” asuma al menos el 50% de la factura.

Desde la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), niegan que el impago permita la suspensión de suministros y defienden que la ley catalana 24/2015 impide cortes de luz a los hogares que han acreditado su situación de vulnerabilidad.

Presión sobre las administraciones locales

Las cartas llegaron apenas 5 días después de que Endesa se comprometiera a pagar el otro 50% de la deuda de las familias con pobreza energética. En Catalunya hay 25.000 hogares que tienen el suministro de luz contratado con Endesa y que están en situación de vulnerabilidad. La deuda total de estas viviendas asciende hasta los 21 millones de euros.

Aunque la normativa no especifica qué administración debe hacerse cargo del pago, Endesa se ha centrado en los gobiernos municipales a la hora de reclamar la mitad de los importes de las facturas pendientes.

“Después del lavado de imagen, Endesa demuestra una vez más que le importan bien poco las familias vulnerables. Lo único que quiere es hacer negocio de un bien de primera necesidad”, han manifestado desde la APE, desde donde añaden: “no toleraremos ningún corte ilegal”.

Frente común de los ayuntamientos

“Inaceptable la amenaza de Endesa al Ayuntamiento de Terrassa y a 800 familias de cortarles la luz. Es necesario un frente común fuerte y firme para hacer cumplir la ley de Pobreza Energética”, ha expresado Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, en redes sociales.

Por su parte, Lluïsa Melgares, tenienta de alcalde de Territorio y Sostenibilidad y alcaldesa accidental de Terrassa, ha explicado a este diario que valoran la carta como “una amenaza por coacciones” y pide a la compañía que la retiren. Melgares también informa de que la carta será analizada por los servicios jurídicos del consistorio. “A los ayuntamientos no nos pueden tratar así. En septiembre, haremos una cumbre con los alcaldes que hayan recibido la carta para establecer una posición de fuerza”, afirma Melgares, quien también aboga porque Generalitat y Endesa se sienten para solucionar el conflicto.

Marta Farrés, alcaldesa de Sabadell, ha querido tranquilizar a las personas afectadas y afirma: “no permitiremos que se corte la luz a las familias vulnerables”, respaldándose en la ley catalana. La primera edil de la cocapital vallesana recalca que en Catalunya hay un problema de “pobreza estructural” y que “se está poniendo el peso sobre las administraciones municipales”.

Como el Ayuntamiento de Terrassa, Farrés también critica las formas y el tono de la carta y aboga por un frente común a nivel municipal. Además, pide a la Generalitat que establezca “un fondo social” y llegue a un acuerdo con las compañías para esclarecer qué parte debe pagar cada administración.

Chakir el Homrani, conceller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya, también se ha manifestado vía redes sociales, donde ha expresado que se coordinará con los consistorios afectados y también ha recordado que "la ley prohíbe cortar la luz a las familias con informe de vulnerabilidad".

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