Europa descubre otro mapa de la desigualdad: cuando moverse también puede ser un lujo

Para una parte importante de la población europea, desplazarse al trabajo, al médico o a un centro educativo es un problema económico y territorial. La llamada pobreza de transporte describe una suma de carencias que limita la vida cotidiana y agrava desigualdades ya existentes.

Durante años, se ha hablado mucho sobre movilidad en Europa centrada en coches eléctricos, zonas de bajas emisiones o reducción de emisiones. Pero un nuevo informe del Öko-Institut en Alemania pone el foco en qué ocurre cuando el sistema de transporte no garantiza algo tan elemental como llegar a tiempo y a un coste asumible a los lugares donde transcurre la vida.

El estudio, realizado para Greenpeace CEE, analiza 11 indicadores en hasta 33 países europeos y ordena el problema en cuatro planos: disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y adecuación del sistema. Investiga si esa red sirve realmente para ir al trabajo, acceder a servicios esenciales, viajar sin miedo o hacerlo sin que el precio desestabilice la economía doméstica.

Datos decepcionantes

Los datos: salvo en Suiza, Luxemburgo y Estonia, más de la mitad de la población utiliza el transporte público menos de una vez al mes o no lo usa nunca. En algunos países, la desconexión es todavía mayor, lo que sugiere que el problema no puede explicarse solo por hábitos culturales o preferencia individual, sino también por redes insuficientes, horarios poco útiles y trayectos que no encajan con la vida real de la gente.

Ahí aparece uno de los hallazgos más reveladores del informe. Hasta un 56% de la población en algunos países declara que no usa más el transporte público porque no existe en su zona, pasa con poca frecuencia o tiene horarios poco prácticos. La brecha se agranda especialmente en áreas rurales, donde la distancia entre vivienda, empleo y servicios básicos convierte el coche en una obligación más que en una elección.

Vulnerabilidad social

Ese punto es clave porque enlaza movilidad y vulnerabilidad social. El informe identifica situaciones de “propiedad forzada” del automóvil: hogares que mantienen un coche aun estando en privación material y social, simplemente porque no tienen alternativa para sostener su vida diaria. En 2024, esa situación alcanza niveles especialmente altos en Grecia, con un 19%, y también presenta valores relevantes en España y Bulgaria, con un 10% en ambos casos.

La pobreza de transporte también opera a través del precio. El estudio estima que hasta un 6% de la población en países europeos no usa el transporte público porque le resulta demasiado caro, mientras que en algunos Estados hasta un 15% de la población que sí lo utiliza lo vive como una carga financiera pesada. Esa diferencia importa: una cosa es renunciar al servicio porque compite mal con otras opciones, y otra muy distinta depender de él y aun así no poder pagarlo sin tensión económica.

Demasiado tiempo

La dimensión del tiempo añade otra capa al problema. Hasta un 9% de la población en algunos países evita el transporte público porque el trayecto resulta demasiado largo, y hasta un 14% de la población activa pasa 60 minutos o más en un desplazamiento de ida al trabajo. Cuando moverse consume tantas horas, la movilidad deja de ser un servicio y empieza a comportarse como un mecanismo de desgaste cotidiano, destacan los autores de este trabajo.

Hay además grupos que soportan una fricción mayor con el sistema. El informe señala que las personas de 65 años o más registran tasas superiores de no uso del transporte público por dificultades físicas de acceso o por razones de seguridad, y que en la mayoría de países esa misma barrera afecta más a las mujeres que a los hombres. En otras palabras, no basta con que exista una red: debe ser legible, practicable y percibida como segura.

Presión ambiental

Todo esto llega en un momento en el que la Unión Europea ha incorporado formalmente la pobreza de transporte a su arquitectura regulatoria a través del Fondo Social para el Clima y de la Recomendación de la Comisión de mayo de 2025, que pide a los Estados actuar con soluciones de movilidad asequibles, accesibles y sostenibles. El mensaje: una política climática que encarezca el coche sin ofrecer alternativas reales puede castigar precisamente a quienes ya están más atrapados.

Por eso el informe alemán no propone una única receta, sino una combinación de medidas muy concretas: billetes sociales, abonos integrados y más simples, mejora de frecuencias, planificación regional, refuerzo de conexiones en zonas de baja densidad, accesibilidad para personas con movilidad reducida y medidas de seguridad que hagan el transporte utilizable de verdad.

También plantea que las inversiones y ayudas vinculadas a la descarbonización del transporte deben diseñarse desde el principio con criterio social, no como una corrección tardía.

El informe del Öko-Institut concluye: no hay movilidad limpia socialmente viable si una parte de la ciudadanía sigue viviendo demasiado lejos, pagando demasiado o tardando demasiado para llegar a lo esencial.