RTVE defiende su independencia ante la comisión de investigación impulsada por el PP: "Se acerca a un juicio político"

RTVE ha respondido con firmeza al anuncio del Partido Popular de promover una comisión de investigación en el Senado sobre la corporación pública. En un comunicado difundido este lunes, después de la reacción de Javier Ruiz en directo, RTVE expresa su “total respeto institucional hacia la Cámara Alta”, pero advierte de que la iniciativa puede suponer una injerencia en su independencia editorial y entrar en conflicto con la normativa europea vigente.

La corporación pública sitúa el foco en el Reglamento Europeo 2024/1083 sobre libertad de los medios de comunicación, en vigor desde agosto de 2025, que establece límites claros a la intervención de los poderes públicos. En este sentido, recuerda que “los Estados miembros, incluidas las autoridades y organismos reguladores nacionales, no podrán interferir ni tratar de influir en las políticas y las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación”.

Desde RTVE se interpreta que la comisión impulsada por el PP, orientada a examinar la línea informativa del ente público, podría no ajustarse a este marco. Así lo expresa el comunicado al señalar que la iniciativa “no parece corresponderse con las exigencias comunitarias en materia de independencia de los medios públicos” y que, por el contrario, “se asemeja a un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación”.

Además, RTVE alerta del posible impacto que este tipo de mecanismos puede tener en el ejercicio del periodismo. Según la corporación, una investigación parlamentaria centrada en los enfoques informativos “puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”, al someter las decisiones editoriales a un escrutinio político.

La respuesta de RTVE también pone en cuestión la necesidad de esta comisión al recordar que ya existen órganos específicos de control. Entre ellos, menciona la Comisión Mixta de Control de RTVE y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En este contexto, advierte de que sustituir estos instrumentos por una comisión parlamentaria “puede suponer un cambio de naturaleza en el control, acercándolo a una forma de juicio político”.

El comunicado también alerta del riesgo de que estas comisiones se conviertan en un espacio de evaluación política de la labor periodística: “Este tipo de comisiones pueden acabar convirtiéndose en un ‘tribunal de medios’, en el que se evalúen decisiones editoriales bajo criterios ajenos a los principios profesionales”. Por ello, RTVE asegura que “hará valer sus derechos ante las instancias oportunas en defensa de su independencia”.

La corporación, además, enmarca esta iniciativa en un contexto más amplio de tensiones políticas y económicas. Recuerda que la propuesta del PP llega “pocos días después de que la patronal de las televisiones privadas (UTECA) intentara bloquear la comercialización del Mundial de fútbol 2026”, lo que, a su juicio, evidencia un entorno en el que “se mezclan intereses partidistas y económicos”.

Frente a estas presiones, RTVE reivindica su actual situación, subrayando que atraviesa un momento de fortaleza tanto en audiencia como en resultados económicos. Según el comunicado, La 1 ha alcanzado un 12,2% de cuota de pantalla en enero y un 12,3% en febrero de 2026, los mejores datos en 14 años. A esto se suman indicadores financieros positivos, como la reducción de los gastos de explotación en un 7,6% y del gasto en programas en un 18,7%, así como un beneficio neto de 55,6 millones de euros.

En este contexto, la corporación critica que la iniciativa parlamentaria recupere cuestiones que considera ya resueltas o ajenas a la actual dirección. Así, afirma que el Partido Popular “recurre a asuntos que no afectan a esta Presidencia o que carecen de base real y que han sido reiteradamente analizados en sede parlamentaria”. Entre ellos, menciona la devolución de fondos europeos del proyecto HAZ en 2024, la investigación sobre Loterías —que, según RTVE, “no supuso pérdida de dinero público”— o el conflicto del IVA, iniciado en 2015.

RTVE sostiene que estos asuntos “demuestran el objetivo de rescatar expedientes cerrados para generar confusión”, en lugar de contribuir a mejorar el servicio público. En paralelo, la corporación destaca avances recientes en su modelo productivo, como el acuerdo alcanzado con los sindicatos UGT, SI y USO para la internalización de la producción, que califica de “histórico” y que “refuerza la independencia operativa y técnica de RTVE”.

Además la corporación recalca que “en el debate político actual se están planteando posiciones que […] cuestionan la propia existencia de RTVE”, algo que considera “inédito en nuestra democracia” y una “amenaza directa” a su papel como servicio esencial.

En su conclusión, la corporación reafirma su compromiso con los principios constitucionales y europeos: “La existencia de unos medios públicos independientes, ajenos a injerencias y presiones por parte de actores de la vida política, constituye una garantía institucional de primer orden para la calidad democrática de nuestro país”.