Nueva sentencia
El TSJC endurece la pena a los paparazzi Diego Arrabal y Gustavo González por intentar vender fotos íntimas de Mariló Montero
El tribunal confirma el delito de revelación de secretos y eleva la condena por vulnerar la intimidad de la periodista en sus vacaciones de 2015
Gustavo González, Mariló Montero y Diego Arrabl / TELECINCO/ ANTENA 3
Por qué confiar en El Periódico El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha resuelto el recurso de apelación confirmando la condena por delito de revelación de secretos a los paparazzi Diego Antonio Arrabal Maldonado y Gustavo González González, propietarios de la agencia Código Press. En una sentencia dictada este 17 de diciembre de 2025, el tribunal ha elevado la pena de prisión de 10 meses a un año y un día para cada uno, manteniendo la inhabilitación para actividades relacionadas con agencias de prensa durante el mismo periodo.
Los hechos se remontan a la Semana Santa de 2015, cuando Mariló Montero, buscando escapar del acoso constante de la prensa del corazón tras un viaje previo a las Maldivas, eligió Bora Bora como destino paradisíaco y secreto.
La periodista, acompañada de una amiga, se alojó en un bungalow con terraza privada en el Hotel Intercontinental Le Moana, convencida de disfrutar de total privacidad en un lugar remoto.
Los paparazzi ofrecieron unas 80 fotos a la revista Lecturas con fines lucrativos. Su director, al detectar la ilicitud evidente, rechazó la compra y alertó a la periodista. Aunque las imágenes nunca se publicaron gracias a medidas cautelares, el TSJC ha ratificado que la mera cesión a terceros, con conocimiento de su origen ilícito, consuma el delito.
El tribunal destaca que "de la simple observación de las fotografías se deduce su origen ilícito", captadas de forma subrepticia en un contexto de clara expectativa de privacidad. Rechaza los argumentos de la defensa sobre libertad de información, afirmando que no justifica vulnerar el "núcleo duro" de la intimidad, especialmente en escenas de desnudez parcial.
Además, el TSJC desestima los recursos de los condenados –a los que se adhirió el Ministerio Fiscal– y estima parcialmente el de Montero, difiriendo la cuantía de la indemnización (que ella reclamaba en 265.000 euros) a la ejecución de sentencia. La batalla judicial, que ha durado una década, refuerza la protección penal de la intimidad frente al acoso paparazzi.
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