Audiovisual
Los recovecos legales de las plataformas de televisión digital en España
Los gigantes audiovisuales compiten con las televisiones tradicionales y las telecos pero no siguen las mismas reglas
Las grandes plataformas mundiales de televisión 'online' como Netflix, HBO y Amazon compiten con las televisiones tradicionales y las empresas de telecomunicaciones, pero con unas reglas de juego muy diferentes: no tienen que rendir cuentas regulatorias –porque no tienen sede fiscal en España- y tampoco pagan algunos impuestos ante los que sí deben responder las telecos y televisiones.
En el apartado fiscal, el que mayor agravio comparativo causa, los nuevos gigantes trabajan en España pero con un impuesto de sociedades menor que si tuvieran su sede aquí, sin aportar la tasa para financiar el cine europeo (5%) y sin contribuir a la financiación de Televisión Española. Las empresas de telecomunicaciones (Telefónica, Orange y Vodafone) y las cadenas de televisión (Mediaset y Atresmedia) financian RTVE desde que esta dejó de emitir anuncios. Las primeras pagan el 0,9% de sus ingresos brutos como operadores de telecos y el 1,5% de esta misma facturación por tener televisión de pago, mientras que Mediaset y Atresmedia participan con el 3% de sus ingresos brutos.
Esta tasa no gusta a las telecos que fueron a la justicia contra ella por considerarla injusta. Sin embargo, si no se elimina, las empresas de telecomunicaciones piden que al menos haya lo que denominan 'level played field', es decir, equilibrio entre todos los jugadores del mercado. Una posibilidad a la que da pie la nueva directiva audiovisual que España debe trasponer y en la que se amplía el concepto de "operadores de servicios de telecomunicaciones" para abarcar a los Netflix, HBO o Amazon Prime; se refuerza la protección del menor, se da impulso a la obra audiovisual europea con la obligación de que el 30 % de la producción se realice en Europa y se flexibiliza la publicidad.
El ministerio de Economía y Empresa ya está sobre ello. En febrero lanzó una consulta pública con 25 cuestiones sobre cuál sería la fórmula idónea para el caso español, pero todavía debe elaborar un borrador y sacar a la luz su propuesta.
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