El Gobierno valenciano cerrará Canal 9

El Gobierno valenciano cerrará Radiotelevisió Valenciana (RTVV) tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV), que este martes ha declarado nulo el Expediente de Regulación de Empleo, que fue aprobado en agosto del 2012.

El Ejecutivo ha tomado esta decisión en una reunión de urgencia celebrada este martes. En un comunicado, el Consell remarca que después de la decisión judicial la continuidad es "inviable, ya que solo el coste de los gastos de personal de una plantilla de 1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72 millones de euros, cifra a la que se debería sumar el gasto de funcionamiento y mantenimiento de RTV, cantidad que la Generalitat no puede asumir en estos momentos".

El Gobierno de Fabra ha explicado que ha querido hacer pública esta decisión "con celeridad" y "para no prolongar de manera innecesaria la intranquilidad que supondría para los trabajadores de RTVV".

La justicia valenciana ha reconocido hoy el derecho de los más de 1.000 trabajadores despedidos a ser readmitidos. Así lo señala la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ valenciano hecha pública hoy, que estima las demandas colectivas por los despidos presentadas por los sindicatos CCOO, UGT, Intersindical y CGT y declara nula "la decisión adoptada en fecha 21 y 22 de agosto de 2012 en relación a la medida de extinción de los contratos de trabajo de empleados de su plantilla con derecho a la reincorporación de los trabajadores afectados en sus correspondientes puestos de trabajo, condenando a la parte demandada a estar y pasar por la presente declaración".

RECURSO DE CASACIÓN

RECURSO DE CASACIÓNContra esta decisión cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que deberá presentarse "dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación". En la argumentación, la sentencia considera que se vulneró tanto la normativa de los expedientes de regulación de empleo como los derechos fundamentales de los trabajadores.

Durante el juicio celebrado el pasado mes de octubre, a la petición de nulidad de los cuatro sindicatos demandantes se unió la Fiscalía, que consideró que la empresa "vulneró derechos fundamentales" de los trabajadores, que hubo "irregularidades" en el proceso donde se actuó con "criterios subjetivos" y que de todo ello generó "trato discriminatorio" hacia los trabajadores. La sentencia ha llegado en pleno proceso de privatización de la programación de RTVV, que acumula una deuda de 1.200 millones de euros.